Ministro Espinoza evaluará la legalidad de su censura ante el TCP
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, hizo pública su decisión de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para investigar si la censura que enfrenta es legal. Esta acción se produce luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la censura con 91 votos a favor de 129 asambleístas presentes, tras no aceptar su carta de justificación por su inasistencia a una interpelación.
Espinoza cuestionó el procedimiento de la censura, argumentando que el artículo 158 de la Constitución exige el respaldo de dos tercios de la Asamblea y no solo de los presentes. En este contexto, planteó que buscará el pronunciamiento oficial del TCP sobre la constitucionalidad de la decisión tomada por el Legislativo.
El ministro indicó que dejará su cargo a disposición del presidente del país, confirmando que su permanencia en el gabinete depende enteramente de la decisión del mandatario. "Uno es designado por el Presidente y está en la función mientras el Presidente lo decida así", afirmó Espinoza.
La interpelación fue solicitada por los diputados Ariel Emel Checa, Mauricio Alejandro Taboada y Felipe Daza, en medio de controversias que rodean la adquisición supuestamente irregular de un vehículo Audi Q4 e-tron por parte del ministro. Esta situación también ha llevado a que el vicepresidente Edmand Lara presente una denuncia penal que ya ha sido aceptada por la Fiscalía de La Paz.
Espinoza se comprometió a colaborar con las investigaciones judiciales, asegurando que se presentará ante la justicia independientemente de su cargo. Recordó haber enfrentado anteriormente 16 juicios sin evadir los procesos judiciales.
Finalmente, el titular de Economía señaló que la censura refleja un nivel de politización intenso en el Congreso, que busca obstaculizar los cambios estructurales que su ministerio está impulsando, tales como la recuperación de la institucionalidad en la Aduana y la propuesta de una nueva Ley de Inversiones. Lamentó que las iniciativas del Ejecutivo se vean constantemente afectadas por los plazos políticos del Legislativo.
