Audio revela implicaciones de dos diputados del PDC en un caso de corrupción
Una grabación que ha salido a la luz entre Francisco Suárez Arteaga, asesor de la diputada Yazmín Guizada, y Wilber Malale, esposo de Damarys Mercado, añade nuevas evidencias a las acusaciones que involucran a los diputados del PDC Yazmín Guizada y Henry Balderrama. Se les acusa de haber recibido la suma de Bs 48.800 durante la campaña electoral, con la promesa de facilitar el acceso a cargos en instituciones públicas.
Damarys Mercado, la denunciante, afirma que parte de esta suma fue obtenida a través de préstamos, y al no cumplirse con las promesas de trabajo, ha solicitado la devolución del dinero. En la conversación grabada, Suárez le pregunta a Malale cuáles son las expectativas de Mercado para resolver esta situación, sugiriendo la posibilidad de devolver el dinero o facilitarle un empleo.
Malale expresa que su principal preocupación es recuperar los fondos, ya que el tiempo ha pasado y las deudas han aumentado. "Ya fue bastante tiempo, ya lo hemos esperado y vos sabés que las deudas, las cobranzas, eso es lo que nos preocupan mayormente", menciona en la grabación.
Durante el diálogo, Suárez indica que se ha comunicado con Henry Balderrama sobre la situación de Mercado y menciona que Balderrama también se comprometió a devolver el dinero. Además, Suárez menciona un monto específico de Bs 21.000 que, según él, Guizada se comprometió a devolver.
Malale aclara que Balderrama tenía su propio compromiso de reembolso, y señala que este monto es diferente al de los Bs 21.000 que están en discusión. A falta de recursos para saldar la deuda de una sola vez, Suárez propone que Guizada realice pagos mensuales de Bs 7.000, asegurando que comenzarán el próximo mes.
Finalmente, Malale acepta la propuesta de los pagos mensuales, manifestando su interés en resolver la situación. La denuncia de Mercado se enmarca dentro de un contexto más amplio, donde ella sostiene que los Bs 48.800 fueron entregados a Guizada y Balderrama con la expectativa de obtener cargos públicos. La denunciante asegura tener pruebas de las transacciones, incluyendo recibos de pago, capturas de pantalla y otros documentos que planea presentar ante las autoridades competentes.
