Gobierno de Bolivia solicita renuncia de guardaparques para reestructuración

El 28 de agosto, el ministro Óscar Justiniano instruyó a todo el personal del Sernap, incluidos los guardaparques, a poner sus cargos a disposición mientras se establece una nueva estructura organizativa. Esta decisión desató la oposición de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), que se declaró en situación de "emergencia" y exige una reunión con el presidente Rodrigo Paz.

Justiniano aseguró que, tras definir la nueva organización, se llevarían a cabo las designaciones o ratificaciones correspondientes. A pesar de los intentos de Mongabay Latam por obtener una declaración de la directora del Sernap, Cecilia Miranda, se indicó que la medida fue concebida por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, y no se recibió respuesta del ministerio.

Marcos Uzquiano, presidente de Abolac, confirmó la veracidad de la instrucción y mencionó que los guardaparques se enteraron de la solicitud el mismo día de su emisión. El 28 de agosto, Abolac se reunió con Miranda para expresar su desacuerdo con la decisión gubernamental, como se documenta en el acta de la reunión.

En el acta, se destacó la complicada situación que enfrentan las áreas protegidas debido al proceso de transición establecido por el Decreto Supremo 5675, que podría resultar en despidos del personal que recibe salario del Tesoro General de la Nación (TGN). Este personal cuenta con beneficios laborales como aguinaldo, seguro médico y aportes para jubilación.

La acta también menciona que en caso de renuncias voluntarias, se compromete a la reincorporación en un plazo de diez días, aunque los desvinculados recibirían salarios solo hasta el 25 de agosto por "corte de transición". El decreto 5675 fue promulgado tras la eliminación del antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Agua por parte del presidente Paz, quien reestructuró la cartera ambiental.

Uzquiano calificó la medida de "preocupante", señalando que antes del 28 de agosto, Justiniano había solicitado a Miranda que despidiera a todos los guardaparques, prometiendo su recontratación posterior. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada, lo que llevó a la solicitud de renuncias.

Abolac ha elevado una denuncia al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la que se argumenta que la exigencia de "poner el cargo a disposición" puede interpretarse como una forma encubierta de despido masivo, además de vulnerar los derechos laborales de los guardaparques, la mayoría de los cuales son funcionarios públicos con carrera.

En Bolivia, hay cerca de 300 guardaparques, pero solo 143 cuentan con contratos que incluyen beneficios sociales. Abolac también ha solicitado una mejora de salarios, dada la disminución del poder adquisitivo en medio de la crisis económica que vive el país. Los guardaparques son cruciales para la protección de 23 áreas protegidas que cubren el 15.5 % del territorio nacional, enfrentándose a amenazas como la minería y la tala ilegal.

Abolac ha intentando reunirse con el presidente Paz para discutir estas cuestiones, pero las solicitudes anteriores y una reunión programada para el Día Internacional del Guardaparque el 31 de julio no obtuvieron respuesta. El país se ha comprometido a garantizar la protección del 30 % de sus áreas protegidas para 2030, conforme a lo establecido en el Marco Global para la Diversidad Biológica.