Denuncian millonarios gastos en la ANH y construcciones sin uso
El viceministro de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, presentó un informe que pone en evidencia el despilfarro de recursos públicos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde se registran gastos que superan los Bs 60 millones por más de 420 funcionarios.
García destacó que uno de los casos más preocupantes es el de una infraestructura destinada al Parlamento Unasur, para la cual se calcula un daño económico de Bs 504 millones. Este daño se agrava al señalar que se recibió la obra en un momento en que Unasur ya no existía.
El viceministro también se refirió a investigaciones previas relacionadas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se asignaron más de Bs 417 millones para infraestructura tecnológica entre 2020 y 2025. Sin embargo, denunció que YPFB continuó realizando conciliaciones de despachos de combustible mediante simples hojas de Excel.
García afirmó que, a pesar de contar con un gran número de funcionarios, la ANH no cumplió adecuadamente con sus funciones de programación y asignación de cupos de combustible. Esto ha llevado a la necesidad de tomar acciones contra el personal involucrado en el desvío y contrabando de combustibles.
Además, el viceministro mencionó que se ha recibido información sobre movimientos económicos sospechosos de exautoridades en el extranjero, que incluyen la compra de bienes y criptoactivos. En este contexto, Bolivia está buscando integrarse a mecanismos internacionales para rastrear estos recursos.
Gastos y corrupción en la ANH
- Más de 420 funcionarios en la ANH.
- Gasto público superior a Bs 60 millones.
- Daño económico de Bs 504 millones en infraestructura de Unasur.
- Más de Bs 417 millones destinados a infraestructura tecnológica en YPFB.
"La ANH en 2024 tenía más de cuatrocientos veinte funcionarios con ITEM, que han significado más de sesenta millones de bolivianos de recursos públicos. Pero no hacía su trabajo."
García concluyó que las acciones tomadas no solo se dirigen contra los empleados que habrían facilitado el desvío de recursos, sino también contra altos funcionarios responsables de la administración de la entidad.
