La falta de una ley de datos personales plantea preocupaciones en Bolivia
A menudo, los bolivianos proporcionan datos personales sin pensar en las implicaciones, ya sea al compartir su número de celular para un pedido, enviar una foto de su identificación para un servicio o al registrarse para acceder a wifi. Sin embargo, surge una pregunta crítica: ¿quién tiene acceso a esos datos y cómo se utilizan?
La situación actual en el país es preocupante, ya que no existe una ley general que regule la protección de datos personales. No hay una normativa que describa qué se considera un dato personal, qué se puede hacer con esa información, cuánto tiempo se puede almacenar y qué sanciones se aplican en caso de mal uso.
A pesar de que hay dos anteproyectos en discusión, uno de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación (AGETIC) y otro de la Fundación InternetBolivia.org, ninguno ha sido transformado en ley hasta ahora. Estos proyectos buscan establecer una autoridad que supervise la protección de datos en el país.
La ausencia de una autoridad reguladora significa que, en caso de que una empresa filtre datos, o si se vende información personal sin consentimiento, no hay un organismo que tome acción o imponga sanciones. Aunque la Constitución protege la privacidad, el proceso es judicial e individual, sin un sistema que supervise estas prácticas a nivel general.
El impacto de la digitalización en la vida cotidiana
Con la rápida digitalización de la sociedad boliviana, operaciones como el pago mediante códigos QR se han vuelto comunes, incluso en pequeños mercados. Esto plantea nuevos desafíos, ya que cada transacción genera un rastro de información sobre los consumidores, como su historial de compras y datos de acceso, dejando en manos de las empresas el control total sobre ese registro.
Es importante que los ciudadanos sean conscientes de cómo protegen su información personal, evitando dar datos de manera habitual y revisando los permisos de las aplicaciones que utilizan. Además, se sugiere utilizar correos electrónicos diferentes para trámites y actividades personales, lo que puede ayudar a reducir riesgos.
La falta de una ley que regule el uso de datos personales no es un problema menor; es una cuestión política que necesita ser discutida públicamente. Mientras no se establezca un marco legal claro, los ciudadanos seguirán enfrentándose a la incertidumbre sobre la gestión de su información personal en el ámbito digital.
