Los especialistas advierten sobre la necesidad de soluciones democráticas en medio de la crisis boliviana
La situación en Bolivia se torna crítica con el anuncio de protestas y la reivindicación de renuncias al presidente Rodrigo Paz. En este contexto, el Gobierno obtuvo el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para extender por 90 días más el estado de excepción, una medida que se implementó por primera vez en junio tras más de 50 días de movilizaciones que dejaron pérdidas millonarias y al menos 22 muertes.
A pesar de la extensión del estado de excepción, las causas de la tensión social siguen vigentes. La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y otros sectores afines a Evo Morales han manifestado su desacuerdo con la decisión del Gobierno, argumentando que esto restringe el derecho a la protesta.
La presión sobre el Gobierno se intensifica
Durante las anteriores movilizaciones, la exigencia de renuncia del presidente Paz tomó fuerza, y aunque pareció desvanecerse, ha vuelto a ser un tema de conversación a pocos días de culminar el primer estado de excepción. El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, acusó al expresidente Evo Morales de fomentar la idea de acortar el mandato presidencial.
En este clima de inestabilidad, el vicepresidente Edmand Lara también sugirió la posibilidad de una revocatoria del mandato, aunque aclaró que esto solo podría ser viable pasados los dos años de gestión, tal como estipula la Constitución. Lara se mostró dispuesto a renunciar junto a Paz si los ciudadanos optaran por ello en un referéndum.
Expertos en política y derechos humanos insisten en que la estabilidad del país no debe fundamentarse en medidas temporales como el estado de excepción. Para ellos, el camino correcto es restaurar las capacidades institucionales que permitan manejar las demandas sociales y económicas sin caer en la confrontación.
El exlegislador Germán Gutiérrez Gantier advirtió que la crisis actual abarca dimensiones políticas, sociales y económicas, y que una solución aislada no sería efectiva. Destacó que el deterioro institucional también es un factor crítico que debe abordarse para evitar un colapso mayor en el sistema democrático del país.
Por su parte, la analista Águeda Colque criticó la ampliación del estado de excepción, considerándola una forma de "paz negativa" que no resuelve las raíces del descontento. Subrayó la necesidad de una paz genuina que se logre a través del diálogo y la atención a las necesidades de la población, en lugar de mantener bajo control situaciones conflictivas.
En conclusión, aunque la prolongación del estado de excepción busca prevenir nuevas crisis, un enfoque más integral que contemple el diálogo y la participación de todos los sectores es esencial para evitar que el país vuelva a enfrentar situaciones de conflicto. La resolución de la crisis requiere un compromiso sincero con la democracia y la institucionalidad.
