Inversión en Bolivia: La tarea pendiente del gobierno
El presidente Rodrigo Paz ha realizado un llamado a empresas de Estados Unidos para que consideren invertir en Bolivia, alegando que el país se encuentra en una nueva etapa. Sin embargo, a diez meses de su gestión, no ha presentado un proyecto de ley de inversiones ante el Parlamento.
Si alguna empresa estadounidense decidiera aceptar la invitación de Paz, se encontraría con un entorno que carece de garantías jurídicas adecuadas. Esta situación podría llevar a los inversionistas a sentirse engañados, e incluso estafados.
Al invitar a los inversionistas, el presidente debería haber preparado el terreno adecuadamente, asegurándose de que las condiciones fueran óptimas. Aún más preocupante es que destituyó a un ministro que estaba trabajando en las bases para una nueva ley de hidrocarburos.
Por ejemplo, si una empresa petrolera interesada en Bolivia contrastara los precios, descubriría que YPFB paga apenas 27,11 dólares por barril de petróleo, un precio muy inferior al valor de mercado que supera los 100 dólares. Esta cifra se estableció en un decreto del ex presidente Carlos Mesa, y el actual gobierno no ha podido —en diez meses— modificarlo.
Además, el precio del gas natural también quedó fijado en 1 dólar, mientras que en el mercado internacional el costo actual es de 3,14 dólares. La falta de ajustes en los precios es un claro obstáculo para la llegada de nuevas inversiones.
A pesar de la invitación a los empresarios, la realidad es que YPFB tiene una deuda pendiente de 340 millones de dólares con las empresas que operan en el país, debido a los bajos precios establecidos. Esto refleja el impacto negativo de las políticas heredadas de la gestión anterior.
Desde la salida del ex presidente, los empresarios privados han clamado por el restablecimiento de las garantías jurídicas que existían antes de la llegada del MAS. Sin embargo, el entorno actual sigue siendo hostil para los inversores, quienes priorizan la seguridad jurídica en sus decisiones.
Incluso la Constitución Política del Estado presenta artículos que van en contra de las garantías jurídicas, lo que, sumado a la cultura del bloqueo en el país, complica aún más el panorama para las inversiones.
