Gobernación de Tarija elabora plan ante crisis fiscal
La reciente reunión de gobernadores realizada en Santa Cruz ha establecido una agenda común que, para Tarija, se traduce en un plan de acción que comenzará a implementarse esta semana. La Gobernación enfrenta la presión de un nuevo precio del diésel, así como la inestabilidad de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y del dólar, además de un gasto estructural que aún sostiene competencias departamentales sin los recursos de la época del auge gasífero.
El desafío principal será transformar los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional en acciones concretas. El equipo técnico liderado por María René Soruco, con Esteban Ortuño en asuntos jurídicos y Fernando Romero en la economía, se propone cumplir con el plazo acordado hasta el 31 de octubre. Sin embargo, para Tarija, la negociación tendrá múltiples frentes que requieren respuestas urgentes.
Urgencias inmediatas en el sector combustible
Uno de los temas más apremiantes es el precio del diésel, fijado por el Decreto Supremo 5716 en Bs 17,95 por litro, lo cual afecta directamente los presupuestos departamentales. La Gobernación indica que este aumento genera costos adicionales en diversas actividades, como el mantenimiento de carreteras y la atención en salud.
Por lo tanto, el plan incluye gestionar ante el Gobierno una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación que compense la diferencia entre el precio considerado en el presupuesto y el costo real del diésel. Asimismo, Tarija busca que el precio real del combustible se incluya en los techos presupuestarios y en el PGE 2027, elaborado con referencias más bajas.
Otro aspecto crucial es obtener autorización para realizar modificaciones y reasignaciones excepcionales en el presupuesto, ya que el aumento del combustible podría forzar a la Gobernación a recortar recursos en otras áreas vitales.
Recuperación de ingresos para el futuro
El siguiente frente a abordar es la estructura de ingresos, con miras a 2027. Tarija apoyará la propuesta que busca una nueva distribución de los ingresos tributarios nacionales, asegurando un 15% de coparticipación para los gobiernos departamentales, sin afectar los recursos que actualmente reciben municipios y universidades.
La gobernadora María René Soruco destaca que Tarija ha visto un descenso drástico en sus recursos, pasando de una administración de aproximadamente Bs 164 millones mensuales a solo Bs 23 millones en la actualidad. Este cambio resalta la insuficiencia de soluciones que solo se basen en reprogramaciones de deudas.
El tercer componente en la hoja de ruta es la recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que Tarija deberá impulsar junto a otros departamentos para abrogar la Ley 767 y recuperar saldos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
Finalmente, la Gobernación debe activar dos instrumentos financieros claves: el Programa de Readecuación Financiera Territorial y el Fagobol, para abordar de manera efectiva sus problemas de deuda y liquidez sin perder de vista la necesidad de establecer fuentes de ingresos sostenibles.
La agenda legislativa también es necesaria, con propuestas para modificar leyes que impactan en la autonomía y capacidad de gestión de los gobiernos departamentales, buscando modificar no solo el presupuesto anual, sino las reglas del juego financiero.
En resumen, la hoja de ruta para Tarija se dividirá en plazos: el primero es inmediato, buscando respuesta al impacto del diésel; el segundo es financiero, activando mecanismos de apoyo; y el tercero es estructural, negociando cambios en la distribución de ingresos y recuperando recursos para el PGE 2027.
El 31 de octubre se presenta como una fecha clave de evaluación, pero el verdadero desafío será cómo garantizar la financiación del departamento en un contexto de recursos menguantes, mientras se continúa brindando servicios esenciales a la población.
