Rodrigo Paz bajo la lupa por su viaje a Estados Unidos
El viaje del presidente Rodrigo Paz a Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU, ha generado una ola de críticas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diferentes grupos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, exigen aclaraciones sobre la comitiva y los costos asociados al desplazamiento.
La senadora Elena Pachacute, de la alianza Libre, anunció que se activarán mecanismos de fiscalización, argumentando que el mandatario no realizó el viaje solo. "Se ha visto un viaje no solamente del presidente, sino también del ministro, su esposa y su hija. Desde la Alianza Libre vamos a fiscalizar este asunto", expresó.
Las críticas se centran en la presencia de su esposa, María Elena Urquidi, y su hija, Catalina Paz, lo que ha suscitado dudas sobre los gastos adicionales. Un informe del diario El País de Tarija reveló que el avión oficial, FAB-002, realizó una escala en Boca Ratón, Florida, lo que ha aumentado las sospechas sobre el uso del recurso público.
Pachacute también mencionó que solicitará tanto informes escritos como orales y no descartó la posibilidad de interpelar a los ministros que acompañaron al presidente. "Hay un alto cuestionamiento respecto al viaje. Vamos a hacer las peticiones necesarias para obtener claridad sobre este tema", afirmó la legisladora.
Desde el oficialismo, aunque se defendió el propósito del viaje enfocado en la obtención de recursos para el país, se coincidió en la necesidad de proporcionar información clara. El diputado Claudio Bilbao comentó: "Queremos un informe. Entendemos que el Presidente está trabajando, pero necesitamos detalles precisos sobre su gestión en Estados Unidos".
Asimismo, el legislador Rómulo Villca hizo un llamado para que el Ejecutivo brinde explicaciones de manera oportuna. "Apelo a la conciencia de la autoridad y espero un informe detallado en los próximos días", concluyó.
Esta situación abre un nuevo capítulo de control político en la ALP, en un contexto donde los viajes oficiales y el uso de recursos del Estado están bajo un creciente escrutinio público.
