Tensiones entre el Gobierno y las gobernaciones por la coparticipación tributaria
El diálogo entre el Gobierno y las gobernaciones enfrenta un punto de discordia significativo. El presidente Rodrigo Paz Pereira propone que las regiones se enfoquen en generar inversiones y aumentar sus ingresos tributarios, mientras que las gobernaciones insisten en la necesidad de una participación constante en los recursos nacionales para una verdadera autonomía fiscal.
Durante una declaración reciente, Paz manifestó su intención de mantener un diálogo constructivo con los gobernadores y alcaldes, aunque se mostró reacio a la idea de aumentar la coparticipación tributaria a los departamentos, quienes demandan un 15% del 75% que recibe el nivel central. Propone, en cambio, un modelo de "dominio tributario" que permitiría a cada región captar inversiones y aumentar sus impuestos propios.
El director de Autonomías de la Gobernación de Tarija, Esteban Ortuño, señala que el concepto de dominio tributario debe formar parte de una estrategia más amplia, que no debe interpretarse como un cierre a la discusión sobre la distribución de los recursos del Estado. Ortuño critica la confusión entre descentralización y autonomía, conceptos que, según él, son distintos.
Las gobernaciones de Bolivia están trabajando en tres proyectos legislativos, siendo el primero un marco que redefina los dominios tributarios para mejorar la capacidad de generar recursos propios. Según la Ley 154, se reconoce ciertos impuestos que pueden ser administrados por las gobernaciones, aunque su implementación está sujeta a la normativa vigente.
Fernando Romero, secretario de Finanzas de la Gobernación, indica que esta iniciativa podría ayudar a Tarija a disminuir su dependencia de los ingresos por hidrocarburos, aunque aclara que el simple hecho de tener dominio tributario no garantiza un aumento en los recursos financieros. Las gobernaciones deben desarrollar su capacidad técnica para la recaudación y fiscalización, así como contar con una base económica sólida.
Otro de los planteamientos es el modelo 50-50, que busca que parte de los recursos que el Gobierno retiene del 75% de los ingresos nacionales sea transferido a las gobernaciones. Esta propuesta no busca perjudicar a los municipios ni a las universidades, sino establecer una participación más equitativa para las regiones.
El desacuerdo entre ambos niveles de gobierno trasciende la cuestión de la cantidad de recursos. También hay una discrepancia en la definición de autonomía. Para el Gobierno, la solución radica en que las regiones generen más inversión y recaudación, mientras que las gobernaciones argumentan que para lograr una verdadera descentralización fiscal necesitan tanto ingresos propios como acceso a los recursos nacionales.
Paz reafirmó su disposición para dialogar con los gobernadores, enfatizando la importancia de abordar el debate desde un enfoque de cooperación y estabilidad fiscal. Tarija, por su parte, espera que este diálogo vaya acompañado de decisiones concretas para avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que permita una verdadera autonomía en la gestión de los recursos.
