Operativo contra Marset revela conexiones y disputa interna en Inteligencia
La captura de Sebastián Marset, un narcotraficante de notoriedad en América, ha desencadenado un operativo que tiene a varios agentes de inteligencia en el punto de mira. La situación se ha complicado tras la detención del teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino, quien enfrenta seis meses de prisión preventiva en Patacamaya, tras ser acusado de participar en la sustracción de bienes del narcotraficante.
Marset fue arrestado en marzo en Santa Cruz, después de haber vivido durante años aparentemente bajo la protección de figuras influyentes, entre ellas el ex Fiscal General Roger Mariaca y el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quienes han sido mencionados en audios filtrados. Mariaca ya ha enfrentado consecuencias legales por su vinculación con la narcocriminalidad.
Adicionalmente, otros altos mandos de inteligencia, como el coronel Óscar Fernando Moreno y el teniente coronel Erick Salvador Correa, también están bajo investigación. Nadia Beller, expareja de un asesor presidencial, ha denunciado que estos oficiales formaban parte de un círculo que coordinaba actividades con el asesor Fernando Cerimedo, quien también está bajo sospecha por su posible implicación en un intento de feminicidio.
Erick Correa se ha manifestado en la clandestinidad, pero en una entrevista negó cualquier relación con el caso de Beller, aunque admitió su colaboración con Cerimedo en distintas operaciones. En un audio revelado, se escucha a Correa conversando con otros altos funcionarios sobre la distribución de bienes robados de la casa de Marset, que curiosamente apareció vacía.
"Temo por la vida de mi familia", manifestó Ferrufino durante su audiencia, donde solicitó medidas de protección.
Mientras tanto, otro audio ha emergido en el que Cerimedo contacta a una figura conocida como "Bibi" para coordinar encuentros con ministros del gobierno, revelando una conexión entre proyectos de hidrocarburos y la política interna. Este tipo de comunicaciones sigue levantando sospechas sobre las intenciones de los involucrados en la captura y posterior manipulación de los activos del narcotraficante.
La situación pone de manifiesto una tensión latente dentro de la administración boliviana, ya que se menciona que al menos siete personas aún no identificadas están bajo investigación por la Embajada de Estados Unidos, lo que añade presión al gobierno de Rodrigo Paz. A medida que se revelan nuevos escándalos y conexiones, la política interna boliviana se encuentra en una encrucijada, tratando de mantener su alineación en un contexto internacional complejo.
