Querella eclesiástica pide la excomunión de jesuitas implicados en encubrimiento de abusos
El 28 de octubre, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) formalizó una querella ante el Tribunal Eclesiástico de Cochabamba, planteando la excomunión y la expulsión del clero de los jesuitas Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets. El documento alega graves acusaciones relacionadas con encubrimiento de abusos sexuales.
Esta acción legal requirió que Monseñor Oscar Omar Aparicio Céspedes, como autoridad eclesiástica, responda a las acusaciones. La base de la querella se fundamenta en una sentencia penal emitida el 24 de abril del presente año, donde ambos sacerdotes fueron hallados culpables de encubrimiento en relación con los abusos cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas Moreno en el internado Juan XXIII.
La querella menciona varios delitos eclesiásticos, entre los cuales se incluyen: el encubrimiento de abusos sexuales, la absolución de cómplices, y el abuso de la potestad eclesiástica al proteger y encubrir las agresiones sexuales a menores por más de 30 años, permitiendo así que tales crímenes permanezcan impunes.
Los acusadores han presentado una serie de testimonios y pruebas documentales que evidencian una posible red de protección interna. En el documento, se hace referencia a un diario manuscrito de Alfonso Pedrajas donde se reflejan sus interacciones con Recolons y Alaix, en las cuales se hacen menciones de la naturaleza de sus acciones y el conocimiento que tenían sobre los abusos.
Testimonios de las víctimas también forman parte del expediente, revelando las consecuencias traumáticas que sufrieron. Uno de los relatos describe una experiencia devastadora que incluye abuso físico y emocional, con descripciones gráficas de los efectos dolorosos que dejaron las agresiones.
La querella solicita al obispo iniciar una investigación basada en el canon 1717 del Código de Derecho Canónico, pidiendo que se determine la culpabilidad de los exprovinciales por encubrimiento y otras violaciones, así como la aplicación de las penalidades más severas, incluyendo su expulsión y el envío del caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.
