Gobierno de Paz opta por el FMI y retrasa reforma constitucional
El Gabinete del Gobierno decidió solicitar la extensión del estado de excepción por 90 días, una medida que deberá ser defendida ante la Asamblea Legislativa. Aunque esta extensión permitirá avanzar en la agenda económica del Ejecutivo, también imposibilitaría el inicio de una reforma constitucional, crucial para implementar algunas de las propuestas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente Rodrigo Paz Pereira no se presentará personalmente a defender esta solicitud en la Asamblea, dejando esa tarea a sus ministros. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que serán ellos quienes argumenten a favor de la prórroga. La medida se origina en los bloqueos que se produjeron en el país a mediados de junio, aunque estos ya han cesado.
La prórroga del estado de excepción plantea una contradicción política. Por un lado, la administración busca garantizar un marco que permita el libre tránsito y prevenir conflictos sociales, mientras que por el otro, se limita la posibilidad de realizar reformas constitucionales que podrían ayudar a legitimar al gobierno mediante un referéndum.
Es importante señalar que la Constitución prohíbe el inicio de reformas mientras un estado de excepción esté vigente. El artículo 140, inciso III, es claro en este aspecto, y el vicepresidente Edmand Lara ha indicado que no convocará a sesiones para discutir reformas mientras esta medida esté en efecto.
La posibilidad de extender la medida hasta diciembre no solo significaría un régimen excepcional prolongado, sino que también mantendría en pausa la discusión sobre la reforma constitucional, la cual es impulsada por sectores de la oposición y otros aliados del gobierno, como el PDC.
Además, si se prorroga el estado de excepción hasta diciembre, el referéndum para la reforma constitucional no podría realizarse antes del segundo semestre de 2027 debido a los plazos que requiere el Tribunal Supremo Electoral. Esto genera incertidumbre sobre el futuro político del país, dado que no hay quorum en el Tribunal Constitucional para avalar una reforma de tal envergadura.
El estado de excepción, por sí solo, no soluciona nada. Lo que soluciona es la actitud de diálogo, la actitud de consenso y la actitud de buscar soluciones a los problemas.
Por último, Jhonny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, instó al Gobierno a priorizar el diálogo y el consenso como medios para resolver las tensiones sociales que persisten, considerando que la extensión del estado de excepción no sería suficiente por sí sola para abordar estos problemas.
