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Sábado 12 de septiembre de 2026

SOCIEDAD

Guardaparques solicitan anular instructivo que afecta sus cargos

  • 11:43
  • Ernesto Echalar

La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha solicitado al Ministerio de Producción que deje sin efecto un instructivo que exige a los guardaparques poner a disposición sus cargos, argumentando que esto pone en peligro la estabilidad de sus empleos en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

La controversia surgió a raíz de una comunicación emitida el 28 de agosto por el ministro Oscar Mario Justiniano Pinto, que fue compartida con los directores y jefes de protección en una reunión virtual, con el objetivo de facilitar una "transición ordenada y adecuada" hacia una nueva estructura institucional, conforme al Decreto Supremo 5675.

ABOLAC ha criticado esta medida, argumentando que no se toma en cuenta la experiencia, dedicación y años de servicio de los guardaparques que han trabajado en la preservación del patrimonio natural y cultural del país.

En respuesta a esta situación, la asociación anunció su intención de presentar denuncias ante diversas entidades, como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, para evidenciar lo que consideran un ataque a los derechos laborales de los guardaparques y un debilitamiento de las áreas protegidas.

Demandas adicionales de ABOLAC

  • Fortalecimiento institucional de las áreas protegidas.
  • Aumento del presupuesto para infraestructura y mantenimiento.
  • Contratación de nuevos guardaparques.
  • Provisión de seguros de vida y accidentes.
  • Ajuste salarial acorde a la inflación.

ABOLAC enfatiza que estas medidas son cruciales para permitir que los guardaparques enfrenten diversas amenazas, incluyendo la minería ilegal, cultivos ilícitos y el tráfico de fauna silvestre, entre otros.

Finalmente, la organización ha solicitado una audiencia con el presidente Rodrigo Paz Pereira y ha advertido que, si no reciben una respuesta, se verán obligados a movilizarse a la sede de gobierno y declarar un estado de emergencia en defensa de sus derechos y de la conservación de las áreas protegidas.