Posible extensión del estado de excepción en Bolivia por bloqueos
El Gobierno liderado por Rodrigo Paz ha considerado la posibilidad de ampliar el estado de excepción en Bolivia, en respuesta a la continuidad de bloqueos y a las amenazas de nuevas protestas en rechazo al Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si las medidas de presión persisten y afectan la libre circulación, el Ejecutivo podría tomar la decisión de extender la medida excepcional. Esta acción tiene como objetivo prevenir la repetición de los conflictos que se vivieron en mayo y junio pasados, cuando los bloqueos duraron semanas y perjudicaron el suministro de alimentos, combustibles y medicamentos.
Por su parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez aclaró que, por el momento, no se considera una prioridad la ampliación del estado de excepción. Señaló que esta medida sigue vigente y que las autoridades deben hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes bloqueen las carreteras.
El estado de excepción fue instaurado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636 y tiene una duración de 90 días, lo que significa que su validez se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible prórroga requeriría la autorización de la Asamblea Legislativa, según varios especialistas en derecho constitucional.
El debate sobre la ampliación del estado de excepción se ha intensificado ante la reactivación de bloqueos y la convocatoria a nuevas movilizaciones. Uno de los puntos críticos se encuentra en el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde los productores llevan tres días de protestas y exigen, entre otras cosas, la liberación de personas detenidas.
Desde la oposición y algunos sectores legislativos han surgido críticas hacia el Gobierno. Los legisladores han enfatizado que el Ejecutivo debe hacer cumplir el estado de excepción actual antes de considerar su extensión. A pesar de ello, algunos miembros del oficialismo ya están promoviendo una propuesta para extender la medida por seis meses, justificando esta necesidad por la posibilidad de nuevos conflictos sociales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el estado de excepción es una herramienta temporal que no aborda las causas estructurales de la conflictividad. En este sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo y atender las demandas que podrían generar nuevas protestas.
Por ahora, el Gobierno mantiene la posibilidad de ampliar el estado de excepción, aunque no hay una decisión definitiva al respecto. La decisión dependerá de la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como del procedimiento legal requerido para extender esta medida.
