Sucre exige justicia por el biocidio de un oso jucumari
La conmoción por el asesinato y desmembramiento de un oso andino, conocido como jucumari, vuelve a agitar a la población boliviana. Este evento, que tuvo lugar hace tres años en el Área Natural de Manejo Integrado El Palmar en Chuquisaca, será objeto de juicio oral a partir del 16 de septiembre de 2023.
Organizaciones protectoras del medio ambiente han planificado una serie de actividades para acompañar el desarrollo del juicio, buscando que se impongan sanciones ejemplares a los responsables. Los activistas subrayan que la pérdida de un solo oso andino representa un grave impacto en una población que ya es vulnerable en el área protegida.
El caso se remonta al 30 de julio de 2020, en la comunidad de Rumi Cancha, colindante con la mencionada área protegida. Según las investigaciones, un grupo de personas acorraló a un oso jucumari, obligado a salir de su hábitat y sometido a una agresión que resultó en su muerte por asfixia y otros traumas.
Tras el fallecimiento del animal, su cuerpo fue desmembrado y se encontraron partes como extremidades, costillas, lomo y piel en posesión de tres individuos. Santos Yucra Zurita, Francisco León Koanqui y Doroteo Flores Quispe han sido identificados como los presuntos autores del biocidio y enfrentan un proceso penal, sin embargo, no están en detención preventiva.
El biólogo Mauricio Peñaranda ha descrito el hecho como una "tragedia" dada la existencia de apenas entre 20 y 30 osos andinos en El Palmar. La desaparición de un ejemplar puede tener consecuencias significativas en la reproducción y supervivencia de esta especie.
Las organizaciones defensoras de la vida silvestre recuerdan que la existencia de conflictos entre la fauna y actividades humanas no justifica la caza o tortura de los animales. El manejo de estas situaciones debe seguir los protocolos establecidos por las autoridades competentes.
El proceso judicial cuenta con el respaldo de expertos y evidencias técnicas que respaldan la acusación de biocidio y otros delitos ambientales. El Ministerio Público de Sucre actúa como acusador, junto a la Dirección General del SERNAP y otras organizaciones que defienden los derechos de los animales.
