TSE define aspectos clave para la reforma electoral en curso
El avance hacia la reforma electoral se centra en aspectos considerados "innegociables" por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre los que se destaca la exclusividad del Órgano Electoral para manejar el proceso electoral y la prohibición de registrar nuevos candidatos a 48 horas de la elección, según lo indicado por su presidente, Gustavo Ávila.
Ávila subrayó la necesidad de que el Órgano Electoral mantenga su autonomía en la gestión de los procesos electorales, señalando que ninguna otra entidad debe tener la capacidad de interferir. Cuestionó la posibilidad de que se realicen sustituciones de candidaturas tan cerca de la fecha de votación, afirmando que esto debería estar claramente prohibido por ley.
Desde la implementación de la Ley de Régimen Electoral en 2010, se han llevado a cabo elecciones nacionales, subnacionales y judiciales que han permitido renuncias y habilitaciones de candidaturas hasta dos días antes de las elecciones. Esto fue evidente en las últimas elecciones subnacionales en La Paz, donde una organización política se retiró de la segunda vuelta.
En el contexto de las elecciones judiciales programadas para diciembre de 2024, se ha observado que decisiones judiciales han influido en el proceso electoral, donde varios candidatos han recurrido a la justicia para cuestionar exclusiones que consideraron injustas.
Un caso notable fue el fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni, que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados a menos de un mes de las elecciones, a pesar de que existía un principio de preclusión en la materia.
El objetivo de la reforma electoral es implementar nuevas reglas de juego para las elecciones futuras. Ávila destacó que se está llevando a cabo un trabajo significativo para asegurar que el próximo proceso electoral no utilice la normativa actual, que ha generado varias complicaciones.
Una vez que se complete la recolección de sugerencias sobre la reforma, se procederá a la redacción del nuevo marco normativo, que se espera sea socializado y presentado al Legislativo en noviembre para su consideración y aprobación.
