Acuerdo entre Gobierno y Gobernadores impulsa la Agenda 50/50
Este miércoles en Sucre, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores del país formalizaron el Acuerdo N° 001/2026, el cual inicia la Agenda 50/50. Este acuerdo tiene como objetivo profundizar el proceso autonómico a través de reformas en materia tributaria, fiscal, presupuestaria e institucional, con la finalidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos departamentales.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de abordar las competencias y recursos que aún faltan por transferir tras más de 17 años del modelo autonómico. En este contexto, se propone un proceso de "co-construcción" que involucra al Gobierno central, las gobernaciones, el sector privado y la sociedad civil, buscando alcanzar un nuevo equilibrio en la distribución de recursos y competencias.
Dentro de las principales pautas del acuerdo se contempla la evaluación de mecanismos para aumentar la autonomía tributaria de los departamentos. Esto incluirá la posibilidad de crear nuevos impuestos dentro del marco constitucional, aplicar sobretasas y mejorar los ingresos propios de las gobernaciones. Además, se establece un plazo de 90 días para presentar un proyecto que modifique la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos.
Otro aspecto relevante es la revisión de las normativas nacionales que limitan el gasto de las gobernaciones, con el fin de otorgarles mayor autonomía en la gestión de sus recursos. Se busca reemplazar las autorizaciones previas del nivel central por mecanismos de información y control fiscal más flexibles.
El acuerdo también incluye una revisión de las competencias y las transferencias intergubernamentales. Para ello, se creará una mesa técnica especializada que trabajará en la elaboración de una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, con la meta de presentarla en la actual gestión legislativa para su aplicación desde la gestión fiscal 2027.
La Agenda 50/50 contempla, además, el estudio de nuevos criterios para la distribución de ingresos fiscales entre los departamentos, el fortalecimiento del régimen autonómico mediante reformas legales, y la promoción de alianzas público-privadas. También se prevén mayores atribuciones para la gestión de financiamiento externo, la creación de fondos de compensación y la eventual transferencia de instituciones públicas a la administración departamental cuando sea factible.
En respuesta a la complicada situación económica de las gobernaciones, se acordó establecer un cronograma de trabajo para evaluar medidas de alivio financiero, tales como la reprogramación o el diferimiento de obligaciones, buscando mejorar la sostenibilidad fiscal de los gobiernos departamentales.
Finalmente, el acuerdo establece que el Gobierno nacional replicará este proceso de negociación con los municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el fin de consolidar un Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías. Los consensos logrados podrán traducirse en proyectos de ley, decretos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales y otras reformas administrativas necesarias para la implementación de la Agenda 50/50.
