Gobierno y gobernadores firman acuerdo para fortalecer autonomías departamentales
El pasado miércoles, el Gobierno nacional y los nueve gobernadores se unieron en Sucre para la firma del Acuerdo 001/2026, dando inicio a la Agenda 50/50. Esta iniciativa busca optimizar las autonomías departamentales a través de cambios en la distribución de recursos y en el régimen tributario.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que se encargará de redactar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. La meta es lograr consensos durante la presente gestión legislativa, con la intención de que el nuevo esquema esté en funcionamiento para la gestión fiscal de 2027.
Además, se evaluarán métodos para ampliar la autonomía fiscal de las gobernaciones, lo que incluirá la posible reclasificación de bases imponibles actualmente gestionadas por el gobierno central, la creación de nuevos tributos conforme a la Constitución, la implementación de sobretasas y la modificación de la Ley 154 que define impuestos. Este proyecto deberá estar listo en un plazo máximo de 90 días.
En cuanto a la gestión presupuestaria, se ha acordado revisar las normativas que restringen el uso del gasto departamental y avanzar en la eliminación gradual de aquellas que financian obligaciones del nivel central o de entidades que ya han desaparecido. También se discutirán mecanismos que permitan a las gobernaciones tener mayor autonomía en la composición de sus presupuestos, aunque el control de los totales fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.
El documento también contempla la revisión de la normativa que ha limitado las competencias de los gobiernos departamentales, así como la evaluación de ajustes en las transferencias fiscales basadas en criterios de sostenibilidad y equidad.
Por último, se busca promover un marco normativo que facilite las asociaciones público-privadas desde las gobernaciones, ajustar la Ley 699 para fortalecer su interacción internacional, analizar la creación de fondos de compensación y transferir gradualmente instituciones públicas que puedan ser administradas por las gobernaciones. También se implementarán medidas de alivio financiero, como la reprogramación de obligaciones económicas.
Para llevar a cabo estos compromisos, el Gobierno nacional se comprometió a proporcionar información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones contribuirán con insumos para la elaboración de propuestas consensuadas. Además, se planean reuniones con municipios y otros niveles de autonomía para integrar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
