Alerta por desinformación sobre leyes de protección contra la violencia de género
En los últimos meses, Bolivia ha sido testigo de una creciente ola de desinformación relacionada con la violencia de género. Este fenómeno se ha evidenciado principalmente en redes sociales y discursos políticos, donde se pretendió desacreditar el proyecto de ley Brisa, que tiene como objetivo fortalecer la protección de menores víctimas de violencia sexual. A la par, se han impulsado propuestas de ley que buscan castigar las denuncias falsas.
El proyecto de ley Brisa, que lleva el nombre de Brisa de Ángulo, surge como respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó a Bolivia a crear marcos legales adecuados para salvaguardar a los niños y adolescentes que sufran violencia sexual. Esta normativa propone modificaciones al Código Penal para mejorar la persecución de estos delitos, incluyendo la sustitución de la figura de estupro por violación incestuosa, y establece la imprescriptibilidad de los delitos para asegurar que no queden en el olvido.
A pesar de haber sido aprobado por la Cámara de Senadores en 2024, el proyecto aún no ha sido discutido en la Cámara de Diputados, quedando pendiente su promulgación por parte del Ejecutivo. Desde su inicio, la ley ha generado controversia, especialmente por parte de grupos que se autodenominan defensores de los varones, como La Casa del Hombre, quienes sostienen que la norma promueve una persecución injusta.
Activistas como Melania Torrico han manifestado su oposición, acusando a Brisa Ángulo de presentar denuncias falsas en el pasado. Torrico incluso viajó al extranjero para entrevistar a un familiar involucrado en una denuncia. En una reciente publicación, su colega Marvia Subirana alarmó a la población masculina diciendo que se avecina una “cacería de brujas” en Bolivia, llamando a una movilización en contra de la ley.
Por otro lado, ha resurgido el debate sobre la creación de una ley que sancione las denuncias falsas, con varias propuestas en curso. Una de ellas, presentada por el senador Rodrigo Fuenzalida de la bancada Unidad, ya fue aprobada por la Cámara Alta. También han surgido llamados para eliminar la Ley 348, argumentando que hay numerosos casos de hombres inocentes encarcelados por denuncias infundadas.
Sin embargo, los datos muestran que las denuncias falsas son muy escasas, con cifras que indican que en muchos países este porcentaje no supera el 1%. En Bolivia, de los 32 mil privados de libertad por diversos delitos, más de 50 mil son denunciados anualmente bajo la Ley 348, lo que pone en evidencia la falta de fundamento en los argumentos contra estas leyes.
Ante la proliferación de desinformación, grupos de activistas en Tarija han alzado la voz. La Red Contra la Violencia de Tarija emitió un comunicado señalando que el debate debe basarse en la verdad y no en mentiras o manipulaciones, ya que cada falsedad socava los esfuerzos por proteger a la niñez de la violencia sexual.