El ministro Gabriel Espinoza enfrenta crecientes llamados para su destitución por presuntas irregularidades fiscales
Las denuncias contra el Ministro de Finanzas, Gabriel Espinoza, han generado un clima de presión en su contra, principalmente por la subvaluación de un bien en un documento de transferencia y la omisión de bienes en su declaración de patrimonio.
Según la normativa vigente en Bolivia, las acciones del ministro podrían estar tipificadas como delitos bajo el Código Penal y la Ley N° 004, que penaliza la corrupción. Entre las irregularidades se menciona la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, donde se alega que Espinoza no incluyó un vehículo que poseía y reportó un patrimonio que no se corresponde con la realidad.
Además, se le acusa de falsedad ideológica, ya que en una escritura pública de compraventa se habría consignado un precio muy por debajo del valor de mercado, lo que podría haber afectado el cálculo de impuestos correspondientes.
En el ámbito tributario, se investiga una posible evasión fiscal por la subvaluación de bienes en contratos de transferencia, lo que busca reducir la carga impositiva. Este tipo de maniobras son consideradas delictivas bajo el Código Tributario Boliviano, pues alteran el ingreso de tributos del Estado.
También se han abierto indagaciones sobre el enriquecimiento ilícito, debido a que la adquisición de un vehículo de lujo podría no coincidir con los ingresos oficialmente declarados por el ministro. Este aspecto ha despertado el interés de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que ha comenzado a investigar el origen de los fondos utilizados para dicha adquisición.
Con el trasfondo de estas acusaciones, las voces que piden la destitución de Gabriel Espinoza continúan creciendo, mientras se espera que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
