Controversias en el Proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno
Omar Rilver Velasco Portillo, analista con amplia trayectoria, ha criticado el reciente proyecto de Ley de Inversiones promovido por el Gobierno, señalando seis puntos que considera problemáticos y que podrían generar incertidumbre respecto a su aplicación.
Uno de los aspectos que más cuestionó es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Velasco se preguntó sobre el papel que desempeñará esta agencia durante los 120 días estipulados para el desarrollo del Plan de Inversiones, sugiriendo que su función podría no estar clara.
Además, el analista recalcó la falta de obligaciones mínimas en relación a la inversión, generación de empleo, transferencia de tecnología y repatriación de divisas que deberían cumplir las empresas transnacionales, a pesar de los incentivos económicos, financieros y jurídicos que se pretenden ofrecer.
Otro punto criticado es la propuesta de exenciones tributarias, que incluye beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según Velasco, estas iniciativas podrían llevar a una disminución de los ingresos fiscales sin que existan mecanismos adecuados para compensar tal reducción.
Asimismo, el analista planteó su preocupación por la facilidad que tendrían las empresas extranjeras para transferir utilidades y dividendos al exterior, dado que el proyecto no establece requisitos mínimos de reinversión en Bolivia ni garantías para el retorno de dólares que provengan de exportaciones.
Por último, Velasco criticó la propuesta de la ley que permitiría la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa sobre los contratos de inversión negociados por el Ejecutivo, argumentando que esto contradice las atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea en relación con los contratos del Estado.
El analista también advirtió que el nuevo proyecto permitiría al Gobierno utilizar recursos públicos destinados a financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, lo que considera preocupante en medio del déficit fiscal que enfrenta el país.
