Soboce demanda indemnización por acciones expropiadas en Fancesa
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) reafirmó, este lunes, su derecho a ser indemnizada por el 33,34% de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), que fueron expropiadas por el Estado boliviano en 2010.
La empresa cuestionó la falta de pago después de 16 años desde la expropiación y denunció que la discusión sobre si la responsabilidad de la indemnización recae en el Gobierno central o en la Gobernación de Chuquisaca ha generado nuevos obstáculos para cumplir con esta obligación.
Contexto de la expropiación
Soboce recordó que el 1 de septiembre de 2010, a través del Decreto Supremo N° 0616, se decidió la expropiación de su participación en Fancesa, la cual fue transferida a la Gobernación de Chuquisaca. En dicho decreto se estipuló la obligación de indemnizar a la empresa, estableciendo un plazo inicial de 180 días para la valuación y el pago correspondiente.
A pesar de que ha transcurrido un largo periodo, Soboce manifiesta que la indemnización sigue sin concretarse, lo que causa incertidumbre y afecta la confianza en el marco jurídico del país.
Reclamos basados en la Constitución
La empresa hizo hincapié en que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la propiedad privada, mientras que el artículo 57 establece que toda expropiación debe ir acompañada de una indemnización justa. En su opinión, el incumplimiento de esta obligación pone en riesgo la seguridad jurídica.
Soboce también advirtió que la situación actual podría tener un impacto negativo en las inversiones, afectando los derechos consagrados en el Convenio entre Bolivia y Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en 1993. La empresa subrayó que la seguridad jurídica se debe demostrar mediante el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Por último, Soboce informó que ha activado todos los recursos legales tanto a nivel nacional como internacional para exigir el pago de la indemnización. Reiteraron que su demanda busca el cumplimiento de lo acordado tras la expropiación, lo que podría ser un indicativo del respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en Bolivia.
