Funcionario del GAMT enfrenta denuncias por cobros irregulares de hasta Bs 1.500
Un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, identificado como Adrián R. I. G., de 42 años, fue aprehendido este miércoles tras ser acusado de cobrar entre 600 y 1.500 bolivianos a dueños de negocios a cambio de evitar multas y facilitar licencias de funcionamiento. La denuncia fue formalizada por al menos cuatro víctimas ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El director departamental de la FELCC, teniente coronel Raúl Terrazas, indicó que la denuncia fue presentada en la mañana del miércoles. Los propietarios de negocios, incluidos locales de licorería, afirmaron que realizaron pagos en efectivo y a través de código QR para eludir sanciones que amenazaban la continuidad de sus operaciones. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre los meses de abril y julio.
Los denunciantes presentaron comprobantes que respaldan sus acusaciones. En respuesta, el Ministerio Público asignó el caso al fiscal Diego Gutiérrez, quien determinará el desarrollo del proceso por el presunto delito de concusión, que implica el aprovechamiento de un cargo público para obtener beneficios personales.
Adrián R. I. G. fue arrestado sin resistencia en las cercanías de la plaza Sucre, y su situación legal será definida por un juez en los próximos días. Los investigadores esperan que más personas se presenten para aportar testimonios adicionales.
El GAMT anunció la suspensión temporal del funcionario, a quien se le retendrán los salarios durante la tramitación del caso en la justicia ordinaria. El director de Orden y Seguridad, Carlos Vargas, hizo un llamado a otras posibles víctimas para que formalicen sus denuncias, mientras que el asesor jurídico del GAMT, Luis Carlos Barrios, mencionó que la Alcaldía podría actuar como parte afectada en el proceso penal.
Marcelo Zenteno, presidente del Concejo Municipal, expresó su apoyo a la decisión de suspender a Adrián R. I. G. y destacó la importancia de la investigación, que corresponde al Ministerio Público, asegurando que el Concejo cumplirá con su función de fiscalización.
