Senadores exigen cierre de empresas públicas deficitarias
La Cámara de Senadores dio luz verde al reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE), que incluye una asignación adicional superior a los 7.000 millones de bolivianos. Esta normativa establece un plazo de 30 días para que el Gobierno identifique cuáles de las más de 60 empresas públicas en funcionamiento son deficitarias y deben ser cerradas o liquidadas.
La senadora Marcela Guerrero indicó que durante la discusión del proyecto, el ministro de Economía, Gabriel Espinosa, presentó los nuevos destinos de los recursos asignados. Sin embargo, los legisladores expresaron su preocupación por el aumento del gasto corriente en un contexto donde debería priorizarse el ajuste fiscal. Guerrero resaltó que el incremento del gasto está relacionado con la creación de nuevos ítems para áreas como salud, educación y seguridad ciudadana.
La representante también enfatizó la necesidad de conocer cómo se distribuyen estos recursos en Tarija. Uno de los aspectos destacados en la nueva normativa es la exigencia de un diagnóstico sobre las empresas estatales por parte del Ejecutivo, que deberá determinar cuáles continúan operando y cuáles entrarán en proceso de liquidación debido a las pérdidas que generan.
"No podemos seguir financiando empresas que generan pérdidas. Es fundamental que la población sepa cuáles son estratégicas y cuáles serán cerradas", afirmó Guerrero, quien también subrayó que esta evaluación debería haberse realizado al inicio de la actual administración.
Además, la senadora aclaró que su apoyo al reformulado también se debió a la aprobación de una ley complementaria que libera a las gobernaciones de asumir competencias del nivel central, eliminando débitos automáticos y permitiendo una mayor disponibilidad de recursos para inversión.
El diputado José Luis Porcel, por su parte, anticipó que el proceso de reestructuración de las empresas públicas podría afectar entre 15 y 20 de las 83 existentes. Destacó que algunas infraestructuras, como la Planta Separadora de Líquidos del Chaco, son estratégicas y difícilmente podrán ser cerradas, aunque se podrían reutilizar para fines educativos o de salud.
Porcel también comentó sobre la urgente necesidad de que los recursos lleguen rápidamente a gobernaciones, municipios y universidades para dinamizar la economía antes del cierre del año fiscal. Además, opinó que la aprobación del reformulado llega tarde, lo que plantea un desafío para la ejecución eficiente del presupuesto.
Finalmente, en relación al nuevo régimen de tipo de cambio flexible, advirtió sobre la necesidad de ajustar reglamentos y contratos públicos para evitar que la fluctuación del dólar afecte negativamente los procesos de adquisición de bienes.
