Nuevas interrogantes sobre el rol de Cerimedo en la administración pública
La administración de Rodrigo Paz ha aclarado que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo formal en el Gobierno. Sin embargo, esta afirmación ha llevado a nuevas preguntas debido a evidencias que lo vinculan con la estructura del Estado. En particular, se ha hecho referencia a una tarjeta donde Cerimedo es mencionado como "Asesor Principal del Presidente" y al uso de un correo electrónico institucional, lo que contradice la versión oficial de que se trataba de un asesor externo.
El cuestionamiento principal no se limita únicamente al título de la tarjeta, sino que se centra en quién otorgó o autorizó los medios institucionales que permitieron a Cerimedo presentarse y comunicarse desde una plataforma estatal. Aunque un correo institucional no implica automáticamente un nombramiento oficial, plantea inquietudes sobre cómo un particular pudo acceder a los recursos y servicios de una entidad pública.
Además, se abre un debate legal sobre el uso de un término que podría implicar funciones públicas. El artículo 163 del Código Penal, actualizado por la Ley 1390, tipifica la usurpación de funciones cuando alguien ejerce roles públicos sin la debida autorización. Si se determina que Cerimedo no tenía nombramiento oficial y, aun así, realizaba funciones que le correspondían a un funcionario público, podría haber implicaciones legales.
Otro aspecto a considerar son los funcionarios que habrían facilitado el acceso de Cerimedo a los recursos institucionales. La Ley 004, o Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su artículo 26, establece el delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos y estipula sanciones cuando los bienes o servicios estatales son utilizados de manera inapropiada para beneficio propio o de terceros. Asimismo, el Código Penal también contempla el incumplimiento de deberes para los servidores públicos que no actúan conforme a sus responsabilidades.
En resumen, más allá de esclarecer el verdadero cargo de Cerimedo, queda la interrogante de quién dentro del Gobierno permitió su acceso a estos recursos y bajo qué justificación legal se hizo esto. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar los lineamientos sobre el uso de bienes públicos en el país.
