La economía ilícita en Bolivia: un desafío para la democracia
La Fundación Milenio presentó su estudio titulado “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, donde se analiza el aumento de actividades ilegales y su influencia en la economía nacional. La investigación subraya que este fenómeno representa una amenaza significativa para la seguridad del Estado y la estabilidad democrática del país.
El documento destaca que muchos aspectos relacionados con estas actividades ilegales no son discutidos públicamente, lo que dificulta la comprensión de su verdadero impacto. Se afirma que organizaciones criminales han logrado establecer control en varias zonas del territorio boliviano, lo que ha llevado a la exclusión de las fuerzas de seguridad en esos espacios.
Según Henry Oporto, autor del estudio, se estima que actividades como el narcotráfico, la minería ilegal —especialmente de oro—, el contrabando y la corrupción estatal podrían representar entre un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, alcanzando una cifra entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.
- Minería ilegal del oro: 4.000 millones USD
- Narcotráfico: 3.500 millones USD
- Contrabando: 2.750 millones USD
La interconexión de estas actividades ilícitas no solo afecta la economía, sino que también socava la estructura del Estado de derecho. La infiltración de redes criminales en diversas instituciones, incluyendo la Policía y el sistema judicial, pone en riesgo no solo la gobernabilidad, sino también las bases democráticas del país.
Además, este vasto movimiento económico proveniente de fuentes ilegales ha potenciado la economía informal, que actualmente representa alrededor del 80% de la oferta de empleo en Bolivia. De esta manera, su impacto es tanto económico como social, afectando la capacidad de movilización y el control territorial.
Los autores del estudio advierten que la posibilidad de que estos grupos criminales financien campañas electorales en diferentes niveles de gobierno es un riesgo latente, lo que distorsionaría la representación y la legitimidad de las autoridades elegidas, debilitando la democracia.
El estudio concluye que es urgente implementar una estrategia de seguridad integral que contemple una reforma profunda de la policía, una recuperación del sistema judicial del control político y una mayor cooperación internacional, para evitar que Bolivia enfrente situaciones extremas que podrían resultar difíciles de revertir.
