El combustible como un negocio familiar en Bolivia
Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, Bolivia enfrentó múltiples crisis de abastecimiento de diésel y gasolina, lo que provocó un escándalo relacionado con combustible adulterado que afectó a miles de vehículos. En este periodo, se sucedieron tres presidentes de YPFB y la caída de dos ministros importantes debido a la situación. A pesar de los cambios en la administración, el mismo patrón de grupos familiares ligados al poder persiste en la importación de combustibles.
Con la llegada de Luis Arce Catacora a la presidencia, se destapó el caso de Botrading, una empresa intermediaria en Paraguay que compraba combustible a bajo costo y lo revendía a la estatal YPFB, generando pérdidas estimadas en 3.000 millones de dólares al año. Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, fue considerado por el Gobierno como la figura clave detrás de este esquema, donde se le acusa de manejar contratos y crear empresas para el lavado de activos.
El 19 de marzo de 2026, Marcelo Arce Mosqueira fue detenido en Santa Cruz tras intentar huir; se le encontraron 22.200 dólares y un casco de YPFB. La Unidad de Información Financiera (UIF) identificó propiedades y vehículos a su nombre que no tienen justificación económica. Su detención preventiva se extiende a 140 días mientras la investigación se amplía a sus hermanos y al expresidente Arce, quien ya estaba detenido por otro caso.
Durante la gestión de Arce, la situación del combustible continuó deteriorándose. En marzo de 2025, mientras el país sufría desabastecimiento, se anunciaron cargamentos de 47 millones de litros de gasolina y 20 millones de diésel. Las expectativas de normalización se vieron frustradas por problemas logísticos, como el mal tiempo en el puerto de Arica, lo que generó largas filas y promesas incumplidas.
El nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira, asumió el 8 de noviembre de 2025 con la promesa de cambiar la situación. Sin embargo, tras eliminar subsidios, se desató el escándalo de la "gasolina basura" a fines de enero de 2026, lo que dejó a muchos vehículos dañados. Una comisión legislativa señaló que la entrada de combustible contaminado fue producto de decisiones políticas irresponsables.
El 16 de agosto de 2026, se aprobó un nuevo aumento del precio del diésel, provocando descontento social generalizado. Diferentes sectores comenzaron a movilizarse en contra de las decisiones gubernamentales, mientras que la gestión de Paz enfrentaba un rechazo creciente en las encuestas.
Recientemente, Nadia Beller, quien fue baleada, acusó a Fernando Cerimedo, un asesor vinculado a Paz, de ser parte de negociados corruptos relacionados con la gasolina y el diésel. Esta denuncia incluye directamente a la primera dama, María Elena Urquidi Barbery, generando un nuevo escándalo que pone en cuestión la transparencia de la gestión actual.
La situación actual revela un ciclo de corrupción y manipulación en el ámbito energético boliviano que, a pesar de los cambios de gobierno, parece persistir. La historia se repite: familias cercanas al poder continúan beneficiándose a costa del Estado y de la población.
