Conflicto por regalías en Yacuiba se intensifica nuevamente
El enfrentamiento por la transferencia de recursos entre el Gobierno Regional del Chaco y la Alcaldía de Yacuiba se reaviva. El ejecutivo regional, David Rojas, ha decidido congelar el envío de fondos que provienen de regalías hasta que haya un pronunciamiento definitivo por parte de la justicia, lo que ya ha generado preocupaciones en el Municipio sobre su estabilidad financiera.
Rojas argumenta que su administración se maneja bajo el marco de una sentencia constitucional que está en revisión, insistiendo en que no se realizarán transferencias hasta que haya una resolución clara. En respuesta, la Alcaldía de Yacuiba afirma que esta decisión está comprometiendo su liquidez y afectando la continuidad de programas vitales para los ciudadanos.
El Municipio estima que la deuda pendiente por estos conceptos asciende a alrededor de Bs 85 millones, los cuales son esenciales para financiar programas en áreas críticas como salud, educación y desarrollo productivo.
Este nuevo episodio reanuda una disputa que ha generado tensiones políticas y sociales en administraciones pasadas. Durante la gestión de José Quecaña, las diferencias sobre las transferencias llevaron a movilizaciones significativas y a un continuo choque institucional con el entonces alcalde Ramiro Vallejos.
En la administración de José Luis Ábrego en 2025, el Gobierno Regional justificó la suspensión de las asignaciones debido a problemas financieros, lo que desató acciones judiciales por parte del exalcalde Carlos Brú, orientadas a exigir el cumplimiento de las obligaciones con Yacuiba.
Con David Rojas al mando, el conflicto se reaviva, generando inquietud sobre cómo esta situación podría impactar a la población. Uno de los sectores más vulnerables es el educativo, donde la falta de recursos podría afectar programas cruciales como el transporte escolar y la alimentación complementaria, que son fundamentales para los estudiantes de comunidades rurales y zonas alejadas.
La escasez de fondos también repercute en programas de salud preventiva, mantenimiento de redes sanitarias y apoyo a la actividad agropecuaria, especialmente en un contexto donde los productores enfrentan adversidades climáticas.
Ante esta problemática, tanto familias como sectores beneficiarios solicitan a las autoridades regionales y municipales mayor transparencia en los informes técnicos y financieros que sustentan sus posturas, así como una aclaración sobre los impedimentos legales que bloquean las transferencias y la responsabilidad que corresponde a cada nivel de gobierno.
