La necesidad de una nueva institucionalidad en Bolivia
Todo Estado tiene el deber de establecer un marco institucional que garantice su funcionamiento, especialmente en un contexto donde se está forjando uno nuevo. Esta institucionalidad incluye normas, leyes y estructuras que regulan tanto el comportamiento de los ciudadanos como el ejercicio del poder.
En Bolivia, tras la caída del Estado plurinacional, surge la necesidad de reemplazarlo y construir una nueva institucionalidad que dé inicio a una etapa democrática en el siglo XXI. Desde la implementación de la Constitución en 2009, se esperaba que el Estado desarrollara instituciones para su sostenimiento, pero en cambio se consolidó un régimen autoritario que se distanció de los principios democráticos.
El Tribunal Supremo Electoral, creado como la cuarta instancia del Estado, debería haber garantizado la democracia en sus diversas formas; sin embargo, se convirtió en un mecanismo que distorsionó la voluntad del voto popular. Las autonomías territoriales e indígenas, que buscaban legitimar las instituciones ancestrales, terminaron por desilusionar a las comunidades originarias con acciones del Estado que contradecían lo estipulado en la Constitución.
Engaños y promesas incumplidas marcaron la relación entre el centralismo y las autonomías, donde los gobiernos regionales se vieron sometidos a un control absoluto, desmantelando los avances que se habían logrado antes con iniciativas como la Ley de Participación Popular. La independencia del Órgano Judicial, prometida a través de la elección de magistrados, fue utilizada como una forma de control por parte de movimientos sociales, relegando la voz indígena en estas instancias.
El modelo económico planteado, que buscaba reducir la pobreza y la desigualdad, fracasó al instaurar una burocracia ineficiente y corrupta dentro del Estado. Empresas estatales como YPFB y Comibol son ejemplos del deterioro y el abuso de recursos públicos, lo que ha llevado a una falta de institucionalidad democrática y al avance del autoritarismo.
La falta de una institucionalidad sólida ha favorecido la impunidad y la corrupción, erosionando la confianza ciudadana y debilitando la democracia. Esta situación ha provocado una crisis continua en el sistema político, donde las tensiones sociales se utilizan para obtener ventajas por parte de líderes corruptos.
Dividir a la sociedad en sectores opuestos no fomenta un clima de paz ni de entendimiento. Para avanzar hacia una democracia efectiva, es necesario fortalecer las instituciones y trabajar en unión entre los actores políticos, superando el autoritarismo del pasado y estableciendo un nuevo pacto social que favorezca una república más estable y moderna.
Este proceso no es sencillo, ya que requerirá de la cooperación de todos los sectores políticos y de un reconocimiento de las necesidades históricas del país. La construcción de una nueva institucionalidad es una tarea que no debe recaer en un solo grupo, sino que debe ser un esfuerzo colectivo enfocado en el futuro democrático de Bolivia.
