Reforma constitucional en medio del Estado de Excepción: ¿legitimidad o oportunidad?
La reciente iniciativa de reforma constitucional se ha presentado en un momento complicado, dado que el país se encuentra bajo un Estado de Excepción. A pesar de las restricciones, los parlamentarios han comenzado a movilizarse para impulsar cambios en la Constitución, algo que está explícitamente prohibido por el texto constitucional vigente. La situación genera interrogantes sobre la democracia del proceso, ya que se lleva a cabo con el respaldo de fuerzas de seguridad con poderes especiales y la restricción a las manifestaciones.
La reforma tomó fuerza el miércoles por la noche, cuando varios parlamentarios acompañaron al presidente del Senado, Diego Ávila, en la presentación pública de la propuesta y de la coalición interpartidaria que busca hacerla posible. Sin embargo, la falta de quorum en el Tribunal Constitucional plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso, ya que no hay autoridad que valide el procedimiento. Desde Alianza Popular critican la situación, argumentando que esto representa un intento de desmantelar la Constitución.
Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentra la propuesta de un nuevo artículo que permitiría modificar o eliminar 30 artículos de la Constitución, dejando su futuro sujeto al desarrollo legislativo. Estas disposiciones abarcan temas cruciales para el funcionamiento del Estado, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la población.
En medio de este contexto, el exiliado Sánchez Berzaín ha sugerido la anulación de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y la reinstauración de la de 1994. Esta propuesta podría ganar fuerza, ya que la Asamblea Legislativa cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la Ley de Reforma Parcial, aunque el proceso deberá someterse a un referéndum, lo que podría complicar aún más las cosas para el gobierno.
Las elecciones de 2025 reflejan un panorama complejo, con varios partidos marginados y candidatos excluidos, lo que ha llevado a que muchos votantes opten por lo que consideran el "mal menor". En este contexto, el binomio de Rodrigo Paz y Edmand Lara ha sido señalado por sus opositores como una opción impuesta, lo que ha generado descontento entre los electores.
Paz ha visto cómo su apoyo popular se ha desmoronado desde el inicio de la legislatura, tras distanciarse de Lara y buscar alianzas con naciones como Estados Unidos e Israel. La reciente controversia en torno a su asesor, Fernando Cerimedo, agrava la situación, generando desconfianza y descontento entre la población.
Mientras los partidos apoyan la reforma en la Asamblea, el camino hacia el referéndum se presenta como una batalla solitaria para Paz. La credibilidad del presidente está en entredicho, y cualquier intento de justificar los cambios se vuelve más complicado en medio de un escenario político y social tenso.
Por último, el futuro de la reforma constitucional y las protestas populares dependerá de cómo se desarrolle la situación en el país. Analistas sugieren que la posibilidad de reactivación de las manifestaciones es alta una vez que se levante el Estado de Excepción, aunque también hay quienes creen que el descontento ha mermado entre ciertos sectores de la población.
