Alternativas para proteger a los productores tras la eliminación de la subvención al diésel
La eliminación de la subvención al diésel ha desatado un amplio debate en Bolivia, que va más allá del precio fijado en Bs 17,95 por litro. Este cambio, establecido por decreto, vincula el costo del combustible a las cotizaciones internacionales y otros factores económicos. Aunque el gobierno afirma que se implementará protección social, las críticas hacia el bono Pepe II, que ofrece 125 bolivianos mensuales por seis meses, han sido contundentes por parte de organizaciones sociales y ONG.
Los expertos coinciden en que es vital encontrar un equilibrio que evite que los agricultores, que dependen del diésel para sus actividades productivas, sufran las mismas consecuencias que los conductores de vehículos particulares. Es fundamental diseñar un sistema que no dependa de subsidios generales, sino que proteja a los sectores productivos específicos.
Modelos internacionales de protección a productores
Diversos países, desde Estados Unidos hasta Sudáfrica, han implementado mecanismos que permiten a los productores obtener compensaciones al usar combustibles en actividades productivas. Estos sistemas incluyen devoluciones de impuestos y precios diferenciados para el diésel, evitando así subsidios indiscriminados. Sin embargo, en Bolivia, la situación es complicada debido a la baja fiscalidad sobre los sectores productivos, lo que limita la posibilidad de ofrecer devoluciones significativas.
En Bolivia, existen impuestos sobre los combustibles, como el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), pero el nuevo marco legal mantiene los valores del IVA y IEHD que ya estaban en la estructura de precios. Además, las políticas tributarias actuales muestran una tendencia a utilizar la fiscalidad como herramienta de transición, sin generar un marco adecuado para respaldar a los productores.
Propuestas para un nuevo modelo
Una opción viable sería establecer un crédito fiscal específico para el diésel utilizado por los productores, permitiendo que puedan recuperar parte del costo del combustible de acuerdo a su uso en actividades productivas. Sin embargo, este sistema podría no beneficiar a los pequeños agricultores que no generan suficiente crédito fiscal.
Otra alternativa sería implementar un sistema de compensación por consumo verificado, donde los pequeños productores recibirían devoluciones basadas en criterios como hectáreas cultivadas o tipo de cultivo. Este enfoque podría incentivar prácticas sostenibles y ayudaría a definir un límite claro de compensaciones.
Finalmente, el estado podría considerar la implementación de ayudas temporales para mitigar el impacto de aumentos extraordinarios en los precios del combustible, similar a lo que han hecho otros países europeos. Así, se podría evitar crear una subvención permanente, apoyándose en un fondo transparente que gestione estos recursos.
El debate sobre cómo enfrentar esta nueva realidad está abierto, con la necesidad de diseñar un modelo que se adapte a las particularidades del país y que asegure la protección de los productores bolivianos.
