Controversia en la ALP por supuestos pagos a parlamentarios via QR
Durante una sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Ana María Crispín del PDC sospechó sobre la presencia de diplomáticos de Estados Unidos, Argentina y Perú, a quienes acusó de estar implicados en presuntos pagos a parlamentarios mediante códigos QR. Crispín transmitió el enfrentamiento en vivo a través de sus redes sociales, señalando a las delegaciones extranjeras en el hemiciclo.
Crispín afirmó haber observado a un diplomático estadounidense con una laptop y un código QR frente a una diputada. En ese contexto, gritó en el recinto: “¡Ahí están los Estados Unidos, con sus QRs!”. En el video del incidente, la senadora preguntó a los diplomáticos sus nombres, identificando a Germán López (Argentina) y Fernando Zúñiga (Perú), mientras el estadounidense no reveló su nombre, aunque mencionó su trabajo en el contexto de "Escudo de las Américas".
Crispín cuestionó la naturaleza de los códigos QR, sugiriendo que estaban relacionados con pagos, a lo que Zúñiga respondió que se trataba de un "contacto de WhatsApp". A pesar de esto, Crispín insistió en la posibilidad de que existieran pagos concretos desde Estados Unidos, lo que generó más controversia ante la falta de evidencia pública en sus afirmaciones.
En declaraciones posteriores, la senadora reiteró su desconfianza hacia los operadores políticos locales, sugiriendo que las transacciones económicas podrían estar ocurriendo de manera clandestina. La diputada Patricia Patiño también respaldó estas sospechas, vinculando la situación con el programa "Escudo de las Américas".
El trasfondo de esta controversia se da en medio de la detención del fiscal Roger Mariaca, acusado de corrupción y vinculado al narcotráfico. Su arresto ha generado un clima de tensión, donde Crispín cuestionó la rapidez de ciertos acontecimientos, insinuando que pueden estar relacionados con el intento de desviar la atención hacia otros casos, como el de Cerimedo.
La Asamblea Legislativa decidió avanzar en la modificación de la Ley 260, permitiendo la suspensión del fiscal general imputado y la designación de un fiscal interino. Esto ocurre en medio de acusaciones cruzadas sobre ofertas de sobornos a parlamentarios, aunque no se han presentado pruebas concretas por parte de los denunciantes.
Finalmente, queda abierta la interrogante sobre si Crispín presentará pruebas adicionales o una denuncia formal sobre sus afirmaciones, así como la respuesta de la Embajada de Estados Unidos respecto a las declaraciones sobre su diplomático y los códigos QR involucrados.
