Soboce apela a la Comunidad Andina para frenar el pago de 744 millones a Fancesa
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) ha recurrido a la Secretaría General de la Comunidad Andina para solicitar la suspensión de una sentencia que la obliga a abonar más de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Esta decisión surge tras las alegaciones de Soboce sobre un "quiebre de la seguridad jurídica" y un "trato discriminatorio" dentro del marco de la Decisión 291 de la comunidad regional.
En una conferencia de prensa, el gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, Ricardo Barrientos, afirmó que el problema no se centra en una supuesta competencia desleal, sino en una deuda que el Estado tiene con la empresa desde hace 16 años. Barrientos denunció que la demanda era una estrategia para presionarlos a negociar un monto relacionado con la expropiación de sus acciones en Fancesa, realizada durante el gobierno de Evo Morales.
Barrientos también criticó el manejo de los procedimientos legales, señalando que muchos de sus recursos no fueron tramitados adecuadamente y que no se les notificó de ciertas resoluciones, lo que les impidió defender sus intereses de manera efectiva. Como resultado, considera que se han otorgado privilegios a Fancesa que no deberían existir para una Sociedad Anónima.
El asesor internacional de Soboce, Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, subrayó que las decisiones de las autoridades judiciales bolivianas han violado el principio de "trato nacional" al no solicitar una interpretación prejudicial obligatoria antes de emitir la condena. Gómez afirmó que la decisión del Auto Supremo 1190/2026 otorga a Fancesa privilegios estatales que son incompatibles con el Derecho Andino.
Soboce ha dejado claro que continuará con sus acciones tanto en instancias nacionales como internacionales para proteger sus derechos. Barrientos alertó que este fallo podría tener un impacto negativo en el clima de negocios en el país, resaltando que un Estado que favorece a empresas bolivianas de manera exclusiva podría perjudicar su imagen ante inversores internacionales.
