Bagayeros levantan bloqueo y dan plazo a autoridades para atender demandas
La Asociación de Bagalleros 27 de Mayo del Gran Chaco decidió levantar el bloqueo en el puente internacional de San José de Pocitos, ubicado en Yacuiba, tras firmar un acta con representantes de diferentes niveles de gobierno y la policía. En este acuerdo, las autoridades se comprometieron a presentar avances sobre las demandas del sector en un plazo de 15 días, en relación a las limitaciones impuestas por la Aduana argentina al comercio de frontera.
La protesta había ocasionado la interrupción del tránsito de vehículos pesados y pasajeros, lo que afectó a empresas de transporte como La Preferida y Quirquincho, que vieron sus unidades varadas. No obstante, el paso peatonal continuó habilitado bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad de ambos países.
Ramiro Alarcón, presidente del gremio, explicó en una entrevista que las nuevas regulaciones argentinas han fijado un límite de 10 kilogramos para el ingreso de productos como harina, soja y maíz. Según Alarcón, este cambio ha impactado severamente la actividad de los bagayeros, llevándola a funcionar solo al 30% de su capacidad habitual, ya que la harina es esencial para su trabajo.
El conflicto afecta a más de 1.100 familias de las localidades de San José de Pocitos y Barrio Nuevo, que dependen del transporte de mercancías en la frontera. Las negociaciones que llevaron al levantamiento del bloqueo fueron impulsadas por el coronel Lisandro García, comandante de la frontera policial, y contaron con la participación de la senadora Rosalba Romero y otros funcionarios.
Acciones judiciales en Argentina
Mientras tanto, los municipios argentinos de Aguas Blancas y Salvador Mazza han presentado una acción de amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con el fin de detener las restricciones al comercio fronterizo. Esta medida fue impulsada por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza.
Los funcionarios solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución General 5910/2026, que ha cambiado las condiciones para el movimiento de mercancías bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo. Además, han pedido la suspensión de la aplicación de esta normativa y el restablecimiento de las condiciones anteriores al comercio.
Entre las restricciones cuestionadas se encuentra un límite de 150 dólares diarios por persona para la extracción de mercancías desde Argentina, así como limitaciones en el transporte de granos, combustibles y productos en envases que superen los 10 kilogramos. Esta acción legal responde a la creciente preocupación entre comerciantes y sectores vinculados al intercambio comercial entre Argentina y Bolivia, que alertan sobre el impacto de estas medidas en sus ingresos y en el empleo de sus comunidades.
