Soboce mantiene su desafío ante la Comunidad Andina
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) reafirmó que su reclamo internacional ante la Comunidad Andina (CAN) sigue activo y en proceso. La compañía anunciará que llevará a cabo un recurso de reconsideración junto a sus socios regionales, respaldado con documentación y evidencia pertinente para avanzar en el caso.
Soboce subrayó que su expediente no fue cerrado y que su demanda cuestiona el supuesto incumplimiento de la normativa andina sobre el trato nacional, así como la afectación a la seguridad jurídica en el país. Esto se relaciona con la orden judicial que establece el pago de Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
La cementera argumenta que la disputa debe ser resuelta en el marco de la justicia comunitaria andina, y que, mientras se espera el pronunciamiento de esa instancia, el sistema judicial boliviano debería pausar la ejecución del cobro correspondiente.
Por otro lado, comunidades aymaras de Asunción Catavi y Catavi, localizadas en el municipio de Pucarani, han presentado una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Esta acción busca la suspensión provisional del fallo, alegando que requieren información sobre los efectos que podría tener la ejecución de la sentencia en sus medios de subsistencia.
El 15 de octubre, la Sala Constitucional Primera admitió el recurso interpuesto y programó una audiencia pública para el jueves 22 de octubre. Esta acción se dirige contra el juez Carlos Quispe Pérez, responsable de la ejecución del fallo en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 11 de Chuquisaca.
Las comunidades afirman que su economía depende de la extracción en las áreas mineras San Calixto y La Marmolera, operadas por la Cooperativa Multiactiva Catavi R.L., la cual suministra aproximadamente 540.000 toneladas métricas de caliza anualmente a la planta de Soboce ubicada en Viacha. Según su argumento, esta actividad ha sido una fuente esencial de ingresos para las familias de la región durante décadas.
