Gobierno modifica expectativas sobre el 50-50 y plantea nuevo pacto autonómico
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, acompañado por el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, abordó las expectativas que rodean la reunión de gobernadores con el presidente Rodrigo Paz, en el contexto de la efeméride nacional. Este encuentro busca aliviar las preocupaciones de los gobernadores y fortalecer su posición en el futuro.
Espinoza ha desestimado el lema del 50-50, que había sido efectivo durante las campañas electorales. Aunque el presidente y los comunicadores del gobierno han insistido en este concepto, en las últimas semanas ha quedado claro que su implementación es inviable, lo que llevó al ministro a redirigir la discusión hacia el Pacto Fiscal y la necesaria reforma de la Ley Marco de Autonomías. Este marco se ha convertido en un obstáculo para la autonomía efectiva de las entidades departamentales y municipales.
En este sentido, se han delineado cuatro aspectos fundamentales para avanzar en la creación del nuevo Pacto Fiscal. Estos son la condicionalidad del gasto, la redistribución de ingresos, mecanismos de alivio de deuda y la reforma de la Ley Marco de Autonomías.
Con respecto a la condicionalidad del gasto, el Senado ya aprobó una ley que libera ciertas obligaciones de pago vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en diversas competencias nacionales. Sin embargo, persisten problemas, como la retención de recursos de IDH para el Fondo de Incentivos Petroleros, que sigue siendo motivo de controversia.
El segundo aspecto a discutir es la redistribución de ingresos, un tema crucial que involucra no solo porcentajes, sino también los criterios aplicados. Generalmente se considera que la población es el criterio más lógico, pero esto ha sido cuestionado en países que han implementado descentralización, ya que las regiones más pobladas tienden a concentrar los recursos.
Espinoza mencionó que la justicia distributiva y criterios de eficiencia en el uso del gasto público son fundamentales para este proceso. También se abordó la necesidad de implementar mecanismos de alivio de deuda, un tema que afecta principalmente a los departamentos más pequeños y aquellos con altos niveles de endeudamiento. Tarija se destaca entre los más afectados, arrastrando una deuda significativa desde hace una década debido a la mala gestión.
Según un informe del exgobernador Óscar Montes, hasta el 30 de abril de 2026, la deuda de Tarija alcanzaba los 944 millones de bolivianos, de los cuales 803 millones son deudas con entidades bancarias y financieras. Además, se mantiene la obligación de pago de un crédito adquirido en los años 90 con Italia para la construcción de San Jacinto, que aunque fue condonado, sigue siendo cobrado a Tarija.
Desde la Gobernación de Tarija se espera encontrar un mecanismo que alivie esta situación urgente antes de abordar otras medidas a partir de 2027. Las conclusiones de la reunión de este miércoles se esperan para tarde.
