Alarcón y Ávila proponen la eliminación de 30 artículos de la Constitución
El diputado Carlos Alarcón, de la agrupación Unidad, junto al presidente del Senado, Diego Ávila del PDC, han presentado un proyecto que busca reformar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE). Esta iniciativa incluye la eliminación de 30 artículos que abarcan aspectos de la justicia, el sistema de recursos naturales y el régimen económico del país, lo que ha suscitado críticas por parte de otros sectores políticos.
La propuesta contempla un nuevo artículo 412 que prohibiría cualquier tipo de expropiación, nacionalización o reversión de inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Además, este artículo establece que los conflictos entre el Estado y los inversionistas deben ser resueltos a través de mecanismos amistosos o en tribunales arbitrales, ya sean nacionales o internacionales.
La diputada Claudia Herbas, perteneciente a Unidad Popular, ha denunciado esta propuesta como un intento de "desmantelamiento" del Estado Plurinacional sin el respaldo de la población. Según ella, estas modificaciones no representan una verdadera reforma, sino un cambio en la estructura estatal que favorecería a sectores afines a la oposición.
Artículos a eliminar de la Constitución de Bolivia
- 182: Elección de magistrados por voto universal
- 183: Mandato de seis años y prohibición de reelección
- 185: Exclusividad de la magistratura
- 187: Requisitos para magistrados del Tribunal Agroambiental
- 188: Elección por sufragio universal
- 310: Protección a cooperativas
- 319: Industrialización de recursos naturales
- 320: Prioridad a la inversión boliviana
La propuesta también sugiere la derogación de tres normas específicas que se encuentran en la Constitución. Estas incluyen el artículo que condena la traición a la patria por violar el régimen de recursos naturales, así como disposiciones que suponen la jurisdicción boliviana sobre inversiones extranjeras.
Varios expertos advierten que esta reforma no es un cambio menor. Al mover importantes regulaciones desde la Constitución hacia leyes ordinarias, se alteraría la relación entre el Estado y el capital privado, lo que podría requerir un consenso amplio que va más allá de una simple reforma parcial.
