Controversia por la intervención de YPFB y ANH
Jaime Balanza, experto en hidrocarburos, ha expresado su fuerte desacuerdo con la decisión del Gobierno de intervenir simultáneamente YPFB y la ANH a través de una comisión compuesta por cinco ministros de Estado. Balanza considera que esta acción carece de respaldo en la legislación boliviana y representa un error institucional al ignorar los procedimientos establecidos por la normativa del sector.
La intervención fue dispuesta mediante el Decreto Supremo 5697, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, y tendrá una duración de 180 días. La comisión está conformada por los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Hidrocarburos y Energías, y Obras Públicas, además de un viceministro de Transparencia del Ministerio de la Presidencia.
Balanza argumenta que esta intervención infringe la Constitución Política del Estado y dos leyes específicas del sector: la Ley 3058, que regula los hidrocarburos, y la Ley 1600, que creó el extinto Sistema de Regulación Sectorial. Según él, estas normativas ya prevén procedimientos claros para llevar a cabo intervenciones preventivas, los cuales requieren que la acción sea ordenada por el ente regulador, no por un grupo de ministros del Ejecutivo.
El especialista advierte que la estrategia adoptada por el Gobierno puede generar un vacío de autoridad en YPFB y la ANH, en vez de proporcionar la dirección técnica que la crisis energética demanda. Señala que la falta de un marco normativo específico para esta intervención puede dar lugar a decisiones arbitrarias y retrasos operativos, lo que podría agravar el desabastecimiento de gasolina y diésel que afecta a la población desde hace semanas.
Recientemente, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó sobre irregularidades encontradas tras el inicio de la intervención, como la identificación de aproximadamente 600 usuarios del sistema informático de YPFB que no eran personal activo. También se comunicó el cambio del gerente comercial de la estatal y la posibilidad de acciones legales contra aquellos que hayan permitido el desvío de combustible. Además, se señaló que la ANH enfrenta deficiencias estructurales en su capacidad de fiscalización.
Balanza sostiene que estos hallazgos no justifican eludir el procedimiento legal establecido, ya que las mismas leyes de hidrocarburos permiten realizar auditorías y sancionar sin necesidad de intervención. Exige al Gobierno que restablezca el imperio de la ley, ajustando el proceso interventor a los marcos constitucionales y legales vigentes, como única manera de asegurar la certidumbre jurídica y mejorar el abastecimiento de combustibles en el país.
Esta controversia sobre la legalidad de la intervención se suma a otras críticas en medios locales acerca de la efectividad y oportunidad de la medida, en un contexto donde el Gobierno también evalúa que YPFB deje de lado la comercialización de combustibles para enfocarse en la exploración y explotación, mientras se considera la creación de una nueva entidad que asuma las funciones de la actual ANH.
