Crecen los riesgos en áreas protegidas por políticas extractivistas del Estado
Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), expuso en una entrevista que la actual crisis económica ha llevado al gobierno a enfocarse en políticas extractivistas, poniendo en riesgo áreas protegidas. Según él, la operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco en la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía es un claro ejemplo de esto.
Campanini destacó que YPFB Chaco está llevando a cabo su actividad en Churumas, donde se han perforado tres pozos y se ha tendido una línea hasta San Alberto, en una zona considerada intangible y regulada por un antiguo Plan de Manejo que ha sido modificado para favorecer proyectos hidrocarburíferos.
El experto también mencionó la preocupación por la exploración que podría iniciar la empresa Petrobras en el pozo Domo Oso-X3, lo que sumaría más presión sobre este ecosistema. El Plan de Manejo 2015-2025 ha sido cuestionado por su falta de inclusión de las comunidades locales y organizaciones, lo que ha llevado a su deslegitimación.
Desde 2014, se han implementado cambios significativos en la normativa de hidrocarburos, especialmente con la promulgación del Decreto 2366 del 2015, que permite la explotación en áreas protegidas. A esto se suman otras medidas que han flexibilizado el régimen ambiental, lo que ha disminuido la capacidad del Estado para supervisar las actividades de las empresas petroleras.
Recientemente, exmonitores ambientales denunciaron incidentes de derrames en Tariquía, lo que subraya la ineficacia del Estado en la regulación de estas actividades. Campanini enfatizó que, a pesar de las leyes existentes, la impunidad persiste en temas de delitos ambientales.
El especialista sugirió la necesidad de un plan integral para la protección de áreas naturales a largo plazo, destacando que la mayoría de los recursos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) provienen de la cooperación internacional, y no de la inversión estatal.
Finalmente, Campanini criticó la falta de una consulta adecuada antes de la implementación de proyectos, señalando que en muchos casos se lleva a cabo solo después de que se han firmado contratos y realizado inversiones, lo que desvirtúa el sentido de la consulta previa como un derecho legítimo de las comunidades.
