Defensor del Pueblo advierte sobre crisis alimentaria en centros de acogida y hospitales
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó un estudio nacional que revela un serio riesgo para el derecho a la alimentación de poblaciones vulnerables bajo cuidado del Estado. La verificación se realizó en 54 establecimientos a nivel nacional, lo cual genera gran preocupación.
Callisaya enfatizó que este problema afecta significativamente a los centros de acogida para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), hogares para Personas Adultas Mayores (PAM) y hospitales de segundo y tercer nivel, donde se detectó una situación presupuestaria crítica.
El informe reveló que el aumento de precios, especialmente tras la eliminación de la subvención al diésel, ha impactado severamente en la adquisición de alimentos, afectando el 67% de los centros de NNA y el 60% de los hogares de PAM.
Además, el 56% de los centros de NNA y el 73% de los hogares de PAM reportaron que los recursos asignados son insuficientes para asegurar una alimentación adecuada y variada. La situación se agrava con dificultades en el abastecimiento diario de alimentos.
- 17% de los centros de NNA sin suficientes reservas de alimentos frescos
- 22% de los centros de NNA con desabastecimiento parcial
- 20% de los hogares de PAM con falta de productos secos
- 27% de los hogares de PAM sin alimentos frescos
Para enfrentar esta crisis, algunos centros han implementado medidas de contingencia que incluyen la solicitud de donaciones, la sustitución de alimentos por opciones más económicas y la reducción de recursos para otras áreas esenciales como transporte y medicamentos psiquiátricos.
En el ámbito de la salud, el 52% de los 21 hospitales analizados enfrentan restricciones presupuestarias que dificultan garantizar la alimentación de los pacientes. Ante esta alarmante situación, el Defensor del Pueblo ha solicitado acciones inmediatas a las autoridades estatales y locales para abordar el problema.
"Es necesario que se asignen recursos extraordinarios y se actualicen los presupuestos institucionales para asegurar el derecho a la alimentación de estas poblaciones vulnerables".
