Defensor del Pueblo sugiere protección social en ajustes económicos
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, resaltó la necesidad de que cualquier ajuste económico contemple mecanismos de protección social. Aseguró que estas medidas son cruciales para que los efectos negativos no impacten desproporcionadamente a las familias más necesitadas.
Durante la inauguración del panel "Medidas de Ajuste Económico vs. Economía Popular", en el marco de los Conversatorios en Democracia, Callisaya indicó que la eliminación de subsidios sin un diseño claro de compensación afecta primero a los hogares vulnerables. "El golpe no es uniforme", afirmó.
Enfoque de derechos humanos en políticas económicas
El defensor enfatizó que las políticas económicas deben ser evaluadas desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo salvaguardias para quienes no están protegidos. Además, subrayó la importancia de evitar la discriminación y fomentar el diálogo e inclusión en el proceso.
Callisaya también alertó sobre un posible aumento en la conflictividad social si la ciudadanía percibe que los sacrificios del ajuste no son equitativos. Este aspecto debe ser considerado para evitar tensiones sociales.
En el encuentro, se discutieron las consecuencias de la eliminación de la subvención al diésel y el papel del Estado en la creación de redes sociales de apoyo para amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
Natasha Morales Escoffier, de Oxfam, presentó un análisis del contexto económico en Bolivia, señalando la falta de un marco legal para un sistema de protección social integral. Este desfase entre el inicio de las medidas de ajuste y la entrega de compensaciones es preocupante, según su diagnóstico.
La economista Solange Sardán abordó la necesidad urgente de reformar los sistemas de protección social, proponiendo un reordenamiento institucional, un registro social unificado y una mejor integración de programas sociales para que los beneficios sean más visibles.
Finalmente, Carla Cordero, de la Fundación Jubileo, destacó la importancia de mitigar la pérdida del poder adquisitivo de la población. Hizo hincapié en que se debe proteger el acceso a servicios de salud y educación, así como fortalecer la resiliencia de los ciudadanos ante los ajustes económicos.
