Denuncias de irregularidades y nepotismo en la Contraloría General del Estado
Recientemente, Nova Press Bolivia publicó una serie de denuncias que apuntan a presuntas irregularidades y nepotismo en la administración interina de la Contraloría General del Estado (CGE), liderada por Sandra Quiroga Solano, quien asumió el cargo tras su designación por el presidente Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5538 el 3 de febrero de 2026.
Entre las acusaciones más relevantes se encuentra la designación de Patricia Elizabeth Arandia Quiroga como subcontralora de Servicios Legales. Los denunciantes argumentan que su trayectoria se limita a funciones administrativas, lo que genera dudas sobre su idoneidad para el puesto. Además, se menciona una presunta relación sentimental entre Arandia y Rubén Darío Cardozo Marañón, exsubcontralor general que posteriormente ocupó un cargo en el Ministerio de Gobierno.
Otro punto de controversia es el uso del sistema informático CONTROLEG, que gestiona procesos judiciales y auditorías. Según los testimonios, se habrían eliminado registros de procesos pendientes que involucran a Rodrigo Paz, lo que podría haber facilitado su habilitación como candidato presidencial en 2025. Sin embargo, no se ha presentado evidencia judicial que valide estas acusaciones.
Los denunciantes también critican la gestión de Rubén Darío Cardozo al frente de la Contraloría, señalando fallas en los sistemas informáticos y en los convenios académicos. Además, se sugiere que algunos funcionarios de la administración anterior han sido reasignados a otras instituciones públicas, lo cual genera sospechas sobre posibles conexiones políticas en dichas designaciones.
A pesar de las denuncias reveladas por Nova Press, hasta el momento no existe una confirmación judicial independiente que respalde estas acusaciones. Desde la Contraloría se ha informado que Quiroga fue nombrada de forma interina para asegurar la continuidad de la institución hasta que la Asamblea Legislativa designe a una autoridad titular. Las autoridades competentes tendrán la responsabilidad de investigar las denuncias y determinar si realmente hubo irregularidades.
