Estudio cuestiona efectividad de medidas económicas del Gobierno
Un estudio divulgado tras la decisión de eliminar la subvención al diésel ha puesto en tela de juicio la efectividad de las medidas económicas propuestas por el Gobierno. Según este análisis, el impacto real en los sectores populares sería apenas del 17%. Este porcentaje se obtiene al promediar la efectividad de diez medidas, aunque no se trata de una evaluación oficial ni de un indicador ampliamente reconocido en la economía.
Entre las iniciativas evaluadas se incluyen el Bono Pepe 2, que asigna Bs 874 millones a unos 2,9 millones de beneficiarios, el aumento del Juancito Pinto a Bs 300, la Renta Dignidad que ahora alcanza Bs 500, además de bonos dirigidos a familias sin aportes. También se consideran el salario mínimo que se fijó en Bs 3.300, créditos productivos disponibles, un perdonazo tributario, un plan de enlosetado, la liberalización de la importación de diésel y la devolución de depósitos en dólares.
- Bono Pepe 2: 20%
- Juancito Pinto: 5%
- Renta Dignidad: 30%
- Bonos para familias sin aportes: 15%
- Salario mínimo: 10%
- Créditos productivos: 25%
- Perdonazo tributario: 5%
- Plan de enlosetado: 45%
- Desregulación de importación de diésel: 10%
- Devolución de depósitos en dólares: 5%
La suma de estos porcentajes asciende a 170%, lo que, al dividirse entre las diez medidas, da como resultado el 17% mencionado anteriormente. En contraste, el Gobierno presenta estas acciones como parte de un esfuerzo para redistribuir recursos provenientes de la eliminación de la subvención.
Sin embargo, el análisis crítico argumenta que estas medidas no compensarían adecuadamente el efecto del aumento en los costos del combustible sobre aspectos esenciales como el transporte, la alimentación y los ingresos de las familias con menos recursos. Se señala que muchas de estas políticas tienen un carácter temporal o están enfocadas en grupos específicos.
Cabe mencionar que organizaciones de adultos mayores han expresado que los Bs 500 de la Renta Dignidad son insuficientes ante el aumento del costo de vida, aunque esta opinión es más una valoración de sus representantes que una medida general de efectividad.
Este análisis se genera en un contexto donde el presidente Paz anunció que el diésel se comercializará a precio internacional, eliminando el sistema de subsidios. El Gobierno justifica esta medida como una forma de liberar recursos que podrían destinarse a inversión, protección social y producción, mientras que los sectores críticos manifiestan su preocupación sobre el posible deterioro del poder adquisitivo de la población.
