Gobernaciones intensifican su postura sobre el 50-50 y la necesidad de un pacto fiscal
A medida que se acerca la reunión entre el gobierno nacional y los nueve gobernadores de Bolivia, se evidencia la falta de consenso sobre el objetivo del nuevo Pacto Fiscal, previamente conocido como '50-50'. Aunque se espera que este encuentro sirva como un primer paso hacia un diálogo constructivo, los diferentes enfoques que tienen los gobernadores complican la creación de un frente unido.
Los gobernadores se encuentran en camino a Sucre para prepararse para el encuentro programado para el 5 de agosto. A pesar de que algunos han elevado el tono de sus demandas, se reconoce que todavía falta establecer acuerdos políticos que permitan avanzar en este tema de manera efectiva. Las propuestas actuales reflejan posturas muy diversas respecto a la distribución de recursos.
El concepto del 50-50, que en su momento parecía sencillo al sugerir que cada administración recibiría la mitad de los recursos, ha generado incertidumbre. El exgobernador Óscar Montes había señalado que, aunque recibiera el 50%, si debía cubrir salarios de policías y maestros, la Gobernación de Tarija se vería en déficit.
Desde la campaña, el actual presidente ha defendido la idea del 50-50, aunque sin materializar una propuesta concreta. Rodrigo Paz ha comenzado a cambiar el enfoque hacia la definición de competencias, sugiriendo incluso que el currículo escolar también podría ser parte de esta discusión.
La propuesta de un Pacto Fiscal, que debería facilitar un acuerdo para la redistribución de recursos, ha quedado estancada en gestiones del pasado. La bancada de Libre ha insistido en que se incluya este 50% en el presupuesto desde este año, pero no se ha logrado avanzar en la materia. La senadora tarijeña Isabel Moreno ha manifestado que, si bien se requieren reformas profundas, estas no deben obstaculizar la gestión.
En el ámbito tributario, algunos gobernadores, como el de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, están explorando la posibilidad de que las gobernaciones asuman la recaudación de ciertos impuestos para mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. Sin embargo, los departamentos más pequeños ven dificultades para implementar tales cambios debido a la limitada capacidad de recaudación.
Se espera que la reunión del 5 de agosto no solo aborde el futuro Pacto Fiscal, sino también busque soluciones inmediatas para las emergencias fiscales enfrentadas por las gobernaciones. Aunque existe la posibilidad de recuperar recursos confiscados, se necesita un marco de acuerdos que facilite la condonación o reprogramación de deudas.
El diputado tarijeño José Luis Porcel ha expresado su escepticismo respecto al encuentro, anticipando que no será eficaz debido a la falta de voluntad política del Gobierno para abordar la distribución de recursos de manera justa. A pesar de que las gobernaciones están dispuestas a reducir gastos, la creación de nuevas fuentes de ingresos sigue siendo una necesidad insatisfecha.
