Gobernaciones quedan exentas del bono de vacunación y prediarios en nuevo acuerdo
El reciente consenso alcanzado en torno al modelo de redistribución de recursos conocido como “50-50” ha determinado que las gobernaciones no serán responsables de financiar el bono de vacunación para los trabajadores del sector salud, ni de los prediarios que se otorgan a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
Desde 2012, durante el segundo mandato del expresidente Evo Morales, se ha otorgado un bono de vacunación a los trabajadores de la salud, que ha experimentado ajustes hasta llegar a Bs 4.329, según el Decreto Supremo 4745 de 2022, firmado en el gobierno del expresidente Luis Arce. Por otro lado, los prediarios, que consisten en una asignación económica diaria de 8 bolivianos para alimentación de los reclusos, tienen como base un informe de la Defensoría del Pueblo que reveló que, hasta julio de 2025, había 33.058 personas privadas de libertad en Bolivia.
Este acuerdo fue resultado de un diálogo iniciado el pasado martes en Sucre, donde se reunieron técnicos de las siete gobernaciones junto al viceministro de Autonomía, Adrián Oliva, y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza. La conversación se inscribe dentro de un proceso más amplio para establecer un marco claro sobre las competencias y responsabilidades entre los diferentes niveles de Gobierno.
El ministro Espinoza destacó que en administraciones anteriores del Movimiento al Socialismo (MAS), las gobernaciones estaban obligadas a asumir gastos que no les correspondían, lo cual, según él, vulneraba la autonomía regional. Espinoza aseguró que el Gobierno actual bajo la presidencia de Rodrigo Paz busca corregir esta situación mediante una legislación que elimine estas imposiciones.
Además, el Proyecto de Ley en discusión también estipula que el costo de los títulos de Bachiller, que deben ser gratuitos para los estudiantes, será cubierto por el Ministerio de Educación en lugar de las gobernaciones. En 2023, más de 210 mil estudiantes en Bolivia recibieron su título de bachiller en diversos sistemas educativos.
Este proyecto de ley está actualmente en la Cámara de Diputados y, una vez aprobado, se enviará al Órgano Ejecutivo para su promulgación. El ministro Espinoza finalizó afirmando que se buscará también consensuar otros gastos que no sean competencia de las gobernaciones, asegurando un avance en la autonomía y la correcta asignación de recursos.
