Gobierno evalúa disminución de subsidios en medio de acuerdo con el FMI
El Gobierno boliviano, bajo la administración de Rodrigo Paz, está llevando a cabo un análisis sobre la posibilidad de reducir distintos subsidios estatales, además de la reciente decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. Esta revisión se enmarca en el acuerdo económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este tratado con el FMI establece una política de reducción progresiva de subvenciones y del gasto público, buscando un ajuste fiscal que permita disminuir el déficit del sector público, considerado uno de los mayores retos para la economía boliviana. Se prevé que este ajuste fiscal alcance aproximadamente un 8,5% del Producto Interno Bruto entre 2026 y 2029.
El tema más delicado se relaciona con los precios de los combustibles. Según los términos del acuerdo, se mantendrán los precios internos durante 2026, pero a partir de enero de 2027, se buscará una recuperación de costos, lo que significa que el presupuesto del Estado ya no incluirá fondos para subsidiarlos.
No obstante, el impacto del acuerdo no se limita a los combustibles, ya que también se prevé la eliminación gradual de los controles de precios en diversos sectores, incluyendo alimentos y energía. Además, se contempla una racionalización de la inversión pública y la reestructuración de empresas estatales que no sean viables financieramente.
El Gobierno defiende que estas medidas son parte de un programa integral de 36 meses orientado a la estabilización de las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de $us 1.900 millones, con expectativas de que se genere financiamiento adicional de instituciones como el BID y la CAF.
La principal preocupación radica en cómo estos ajustes afectarán a la población. Mientras el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas, la reducción o eliminación de subsidios podría trasladar un mayor costo de los servicios de energía y otros a los consumidores y empresas, lo que podría impactar directamente en el bolsillo de los bolivianos.
