Informe apunta a responsabilidades en gobiernos de Arce y Paz por ‘gasolina basura’

El diputado Carlos Alarcón, vocero y miembro de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de la denominada “gasolina basura”, afirmó que el informe de esa instancia identifica posibles responsabilidades tanto en autoridades de la administración de Luis Arce como en funcionarios de la actual gestión.

El documento será considerado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá el curso que seguirá la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos vinculados a su provisión.

Alarcón aseguró que el informe menciona entre los posibles responsables al expresidente Luis Arce Catacora, a los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de los expresidentes de YPFB Wilson Dorgathen y otro exejecutivo de la estatal petrolera.

“Lo que está claro es que hay responsabilidad de las dos gestiones presidenciales”, afirmó el legislador.

Según Alarcón, cualquier modificación o desconocimiento de las conclusiones contenidas en el documento debería ser debidamente fundamentada. Sus declaraciones apuntan directamente a la presidenta de la comisión especial, la diputada Ximena Arispe, a quien cuestionó por el manejo del informe.

“Si la presidenta de la comisión quiere desconocer eso, tendrá que fundamentar por qué quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano”, sostuvo.

Informe
Uno de los principales elementos señalados por Alarcón es el contrato suscrito entre YPFB y la empresa Ditol durante la administración de Dorgathen, en el gobierno de Arce.

De acuerdo con su relato, ese contrato fue objeto de cuatro enmiendas durante la anterior gestión y posteriormente se amplió por la actual administración mediante una quinta enmienda, suscrita el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que también se levantó la subvención a los combustibles.

Para Alarcón, ese momento representaba una oportunidad para que el nuevo Gobierno dejara sin efecto el contrato y buscara otras alternativas de abastecimiento de combustible bajo las nuevas condiciones de mercado.

“¿Por qué ampliaron ese contrato, cuando debieron dejar que eso termine y se consiga el mismo día que se levantó la subvención gasolina de buena calidad de acuerdo al precio internacional?”, cuestionó.

El legislador sostuvo que la ampliación permitió que el contrato continuara vigente hasta el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual, según su denuncia, se mantuvo la provisión del combustible que posteriormente quedó vinculada al escándalo de la denominada “gasolina basura”.

Investigación
El caso adquiere relevancia económica porque involucra a la principal empresa estatal del sector hidrocarburos y se relaciona directamente con el abastecimiento de combustibles, uno de los componentes de mayor impacto en la economía boliviana.

Las observaciones de Alarcón plantean que las responsabilidades no tendrían que concentrarse únicamente en una administración, debido a que, según la secuencia de hechos, el contrato se originó durante el gobierno de Arce, pero posteriormente se modificó y amplió durante la actual gestión.

“En el informe se señalan como posibles responsables a funcionarios del anterior Gobierno y de este”, remarcó.

El diputado también cuestionó que el informe permaneciera durante aproximadamente un mes sin su tratamiento desde que lo remitieron a la Presidencia de la Cámara Baja.

“Si la presidenta de la comisión se lo durmió un mes ese informe desde que lo mandó a Presidencia para que esto pase con muy bajo perfil”, manifestó.

Ahora, el documento pasará al pleno de Diputados, instancia que tendrá que evaluar las conclusiones de la comisión y determinar si corresponde establecer responsabilidades políticas, administrativas o promover otras acciones dentro del proceso de investigación.

Más allá de la disputa política, el caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión de los contratos de importación y provisión de combustibles, en un momento en que el costo y la disponibilidad de gasolina y diésel tienen un impacto directo sobre el transporte, la producción, los precios de los alimentos y el bolsillo de los consumidores.