Intervención de YPFB se extenderá por 180 días bajo supervisión estatal
El Gobierno de Bolivia ha implementado una intervención temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo que puede alcanzar hasta 180 días. Esta medida se tomó ante las fallas detectadas en las operaciones de la empresa estatal, con el fin de mejorar la cadena de logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
El Decreto Supremo 5697, que respalda esta intervención, fue aprobado el 1 de septiembre. Además de establecer el período de intervención, se formará una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, que tendrá la responsabilidad de supervisar la gestión de YPFB durante este tiempo.
El plazo de intervención podría ser extendido una vez más por 90 días, siempre que se justifique mediante una resolución del Ministro de Hidrocarburos y se mantengan las razones que llevaron a la intervención. Sin embargo, esta podría finalizar antes si se logran resolver los problemas identificados.
El decreto menciona que las deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de combustibles representan un riesgo para la seguridad energética y el interés público, lo que justifica la medida.
La Comisión de Intervención estará conformada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Su enfoque será en áreas críticas como la comercialización, la logística y la trazabilidad de combustibles.
Entre las atribuciones de esta comisión se encuentra la posibilidad de recomendar auditorías técnicas sobre la cadena logística y proponer medidas para detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles. También se encargará de identificar los responsables de cualquier irregularidad.
El personal de YPFB deberá colaborar con la comisión proporcionando la información que se requiera y en los tiempos establecidos. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones administrativas o penales.
Finalmente, la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, y los gastos generados se cubrirán con el presupuesto de las entidades involucradas en la comisión.
