Investigan posibles vínculos familiares de trabajadores del Sedes en Chuquisaca
La Jefatura de Transparencia de la Gobernación de Chuquisaca ha identificado aproximadamente 200 funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que podrían estar incurriendo en incompatibilidades laborales debido a lazos familiares o de afinidad. Este asunto ha sido remitido a la autoridad sumariante, la cual determinará si hay responsabilidad administrativa en cada caso.
El jefe de Transparencia, Adrián Zárate, informó que los involucrados son principalmente personal de salud, incluyendo médicos, enfermeras y otros empleados que laboran en diversos hospitales de la región.
Zárate explicó que las incompatibilidades detectadas se refieren a vínculos de parentesco como relaciones entre hermanos, padres e hijos y cónyuges, entre otros.
De los funcionarios notificados, alrededor de 190 han presentado sus descargos, argumentando que obtuvieron sus puestos a través de concursos de méritos o exámenes de competencias. Sin embargo, Zárate aclaró que estos argumentos no eliminan automáticamente la posibilidad de incompatibilidad y cada caso será evaluado por la autoridad correspondiente.
Durante la investigación, cerca de 10 trabajadores han dejado sus puestos debido a la finalización de contratos o por renuncias. La autoridad sumariante decidirá si los hechos ocurridos durante su tiempo en la institución serán objeto de procesamiento.
Zárate también mencionó que algunos de los casos investigados se remontan a años anteriores, incluso desde 1999 y 2000, y que se han documentado incorporaciones hasta el año 2025. Si la incompatibilidad persiste, podría ser considerada una infracción continua.
La investigación fue originada por una denuncia presentada en junio y el plazo de 45 días hábiles para la recolección de descargos se ha ampliado por otros 45 días. Las autoridades ahora deberán analizar cada caso y emitir resoluciones sobre la posible responsabilidad de los involucrados.
Es importante destacar que la Jefatura de Transparencia no determina culpabilidad ni decide la desvinculación de los funcionarios en cuestión, sino que simplemente remite los antecedentes para su evaluación. Además, la Gobernación realizará un seguimiento mensual sobre la situación de estos casos y las decisiones que se adopten.
